Tres hallazgos de corte administrativo fueron detectados por la Contraloría Municipal en la Empresa Municipal Para la Salud (Emsa). Uno de los ellos, en el cual está implicada la Secretaria de Hacienda, muestra que la empresa estaría recibiendo $3 mil 501 millones menos de lo requerido para cubrir su pasivo pensional.
Se estima que esa cantidad de dinero la ha dejado de percibir Emsa desde el 2008, pese al acuerdo 488 que se firmó entre las dos entidades, en el 2001, en el cual se establece que la Administración Municipal debe aportar unos montos anuales y variables, que se pagan con dinero de la partidas presupuestales del municipio.
Las partidas adicionales que debe entregar Hacienda y su aumento anual dependen de la variación anual que se registra en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) causada del año inmediatamente anterior. Ahí se ha generado el desfase entre lo que Emsa considera que debe recibir y lo que la Secretaría estima que debe cancelar.
Hasta el 2007 las partes coincidieron en el monto de los pagos, pero del 2008 en adelante, se han presentado inconsistencias. El descenso en las transferencias para el pago del pasivo pensional, según advierte la Contraloría, puede acarrear la inviabilidad financiera de la Empresa Municipal, entidad encargada de administrar la Lotería de Manizales y girar para la salud los recursos que con esta se obtengan.
LA PATRIA consultó la posición de Julián Fonseca, gerente de Emsa y de Jaime Alberto Valencia, secretario de Hacienda. Ambos defendieron la interpretación que hacen del acuerdo. "A los pasivos pensionales le hemos hecho el aumento de ley que corresponde a cada año, pero ese incremento no lo ha hecho la Alcaldía. De ahí la diferencia entre uno y otro", expresó Fonseca.
Sin embargo Valencia considera que: "Interpretaciones -del acuerdo- pueden haber tantas como abogados existan. La Secretaría ha ajustado las transferencias tal como se indica, con base en el IPC. Esto no se soluciona con un acto administrativo sencillo; la única forma de solucionarlo es trabajar jurídicamente para llegar a un nuevo acuerdo que unifique criterios".
Las partes coinciden en que la única forma para ponerle fin a este problema es efectuar varias reuniones entre las dos entidades, con el acompañamiento de la Contraloría, para tratar de resolver la situación. Hasta que no se llegué a un consenso para resolver el caso, el ente de control no levantará el hallazgo administrativo.
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