
LUIS LÓPEZ CARMONA
LA PATRIA | MANIZALES
Gerardo Carvajal, Blanca Flor Cortés y Gerardo Osorio tienen en común haber comenzado con sus negocios en la Comuna San José y pasar por dificultades para trabajar con comodidad.
El Macroproyecto hizo desplazar a los dos primeros, mientras que el tercero sufre aún allí porque sus ventas disminuyen cada día. La venta de la propiedad fue la mejor opción para la familia de Carvajal; en el caso de Cortés, fue lo más incómodo.
Amenazas de muerte
Gerardo Carvajal y su familia se asentaron en el plan de La Avanzada porque en ese sector vivían varios familiares. Permanecieron allí durante 15 años y en 2010 se fueron para Villahermosa. "A mi tío lo mató un hombre que manejaba la delincuencia juvenil en ese barrio, el 8 de diciembre de 2008. El atentado era para mi papá, pero lo confundieron", relata Willie Carvajal, hijo de Gerardo.
Recuerda que los delincuentes se reunieron esa noche para cumplir su cometido y su tío estaba parado en la entrada del estanquillo. Un hombre se le acercó por la espalda, sacó un arma changón y le disparó en la cabeza una sola vez. Murió al instante.
Para ellos la vida no fue fácil en La Avanzada, pues su padre era propietario de un estanquillo y tenía problemas con algunos vándalos que se acostumbraron a robar carros repartidores de mercancía frente al negocio. Él siempre los reprochaba. "Al pedirles el favor de que no perjudicaran el negocio, mi papá empezó a recibir amenazas de muerte. El barrio tenía sus partes malucas y había mucha delincuencia, en algunas casas vendían droga y otras servían como expendedores de alucinógenos".
Comenta que los últimos años los pasaron aburridos debido a las amenazas repetitivas, porque después de la muerte de su tío, la vida de su papá seguía en riesgo. Estos hechos se sumaron al incremento de inseguridad en La Avanzada, aunque aclara que nunca los robaron en el estanquillo.
Por eso intentaron vender la casa de bahareque para trasladarse a otro barrio. “Cuando salió lo del Macroproyecto prohibían vender la propiedad. Nos tocó esperar un tiempo, pero nos tranquilizaba saber que íbamos a salir de La Avanzada. Uno no podía caminar después de las 9:00 de la noche por el temor a que atentaran contra la integridad de uno o a ser víctima de atracos”.
Después de buscar en diferentes barrios se inclinaron por una casa cercana al CAI de Villahermosa, construida en material y con rutas de transporte público a la mano. "En el negocio las ventas permanecen. Mientras en La Avanzada se vendía mucho grano, aquí compran comestibles, dulces y paquetería, eso genera más ganancias".
"Del monto que nos dieron por la casa en La Avanzada solo nos tocó poner $ 2 millones para comprar esta. Nos mejoró la vida porque aquí es mucho más seguro. El cambio ha sido positivo y no extrañamos nada de La Avanzada”.
Traslado para el olvido
Blanca Flor Cortés vivió 52 años en La Avanzada y su salida del barrio le generó depresiones. Trabajó en modistería desde los 18 y conformó un taller familiar con dos hermanas. El oficio lo aprendieron de su abuela y su mamá. “Nos tocó salir por obligación, debido al Macroproyecto; si no, estuviéramos viviendo allá”, lamentó.
A ellas les notificaron el 12 de marzo de 2010 que debían venderle el predio al Municipio, y aunque jamás pensaron vivir en otro lugar, se tuvieron que resignar. "Estábamos acostumbradas al entorno y muy apegadas a la casa porque la construyó mi papá; mis hermanas y yo nos criamos ahí. Supimos vivir con lo bueno y lo malo del sector".
Cosían en el tercer piso de la casa y al taller le cabían cinco máquinas, dos mesas y varios armarios en los que guardaban las costuras. Clientes de otros barrios de Manizales iban hasta La Avanzada porque su trabajo de casi 40 años era reconocido.
La mayor dificultad era la delincuencia. “Cuando se incrementó la inseguridad, los clientes dejaron de bajar hasta el negocio. Muchas veces los atracaron en la puerta de nuestra casa, a pesar de que los ladrones eran del mismo barrio y conocían que nosotros sobrevivíamos con el taller. Preferíamos quedarnos calladas para evitar problemas mayores, porque a nosotras nunca nos agredieron”.
Para no perjudicar su local, optaron por encontrarse con los clientes en el Centro y, encartadas con bolsas y paquetes, no podían llegar a su casa en taxi, porque los conductores se negaban a transportarlas hasta la calle 27 con carrera 7 de La Avanzada.
Hace dos años y tres meses viven en el barrio Los Álamos porque de las casas que vieron, fue la que más espacio tenía para instalar el taller de modistería. “Quedamos más estrechas porque en La Avanzada el taller era el doble de grande. Lo que más extrañamos es la hermandad entre vecinos y el apego a la casa donde vivimos toda la vida”.
El traslado les produjo estrés y permanecían llorando. Las depresiones se volvieron frecuentes e incluso tuvieron que acudir al médico. Sin embargo, ya están más adaptadas y perciben cambios en la seguridad.
“Benefició nuestro trabajo porque demasiados clientes que dejaron de visitarnos en La Avanzada, por el peligro y entorno maluco, están regresando. Además hemos acreditado el negocio en el sector y tenemos más trabajo que antes”.
Incertidumbre
A pesar de la compra y demolición de predios que ha implicado el Macroproyecto, la tienda mixta de Gerardo Osorio se mantiene en pie. Pero, él no oculta su angustia porque paga arriendo en el local. "No se sabe qué pasará con nosotros. Tener que desplazarme hacia otro barrio es como empezar otra vez y aquí llevo 13 años". Sale de Fátima hasta San José todos los días para abrir a las 6:00 de la mañana y vender productos como agujas para coser, huevos, arroz y licor.
Relata que cuando inició con el negocio en la calle 30 con carrera 11 encontró una oportunidad para mejorar su calidad de vida, pero cuando sus antiguos clientes empezaron a vender las casas y el Municipio a demolerlas, el sector de la Pelusa se volvió un desierto.
"La seguridad desmejoró y los clientes se fueron para otros lugares porque la mayoría eran inquilinos. Los que quedaron también emigraron producto de la delincuencia común". Dice que fue el motivo para que muchos de sus antiguos clientes no volvieran al barrio ni a saludarlo. Él, a pesar de todo, no ha sido víctima de atracos.
Antes vendía jeringas, recipientes para muestra de orina, gasas, algodón y demás artículos médicos cuando funcionaba el Centro de Desarrollo Social y Comunitario La Pelusa; además el tinto, café con leche y harinas eran pedidos frecuentes. Ahora las ventas disminuyen con el pasar de los días. "De este trabajo sostengo a mi familia, pero por una locura de políticos resulté perjudicado", criticó.
Gerardo evita imaginar el día en que la propietaria le diga que tiene que desalojar porque debe vender la casa. No se ve en otro sitio. Sabe que acreditar un negocio es complicado y el uso de suelo para una tienda mixta no lo otorgan fácilmente. "Cuando me digan que debo entregar el local, ahí si empieza Cristo a padecer. Lo más seguro es que deje de comprar mercancía y así acabe con el negocio, como ha pasado por aquí".
El dato
John Jairo Álvarez, gerente del Macroproyecto San José, indicó que en la Comuna San José hay 1.915 locales en los que hay actividad comercial.
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