Este organismo de control estableció tres hallazgos luego de hacer una auditoría a los subsidios que otorgó la Caja de la Vivienda Popular de Manizales para mejoramiento de vivienda que se les otorgó a damnificados por el deslizamiento del derrumbe del barrio Cervantes, que ocurrió el 5 de noviembre del año pasado y que dejó 48 muertos y varios damnificados por pérdida total de vivienda o daño parcial de sus predios.
Según la Contraloría, la Caja de la Vivienda Popular no canceló en varios de estos contratos la contribución del 5%, que es también llamado Impuesto de Guerra que va para la Alcaldía y se destina a obra pública.
De otro lado se halló que no se ampararon estas obras, como lo obliga la ley a las entidades estatales contratantes, ni hubo mecanismos de solución de controversias judiciales.
Frente a estos hallazgos la Caja de la Vivienda Popular deberá hacer un plan de mejoramiento para evitar posibles detrimentos patrimoniales, dijo el contralor de Manizales, Lindon Alberto Chavarriaga Montoya.
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