Han pasado 18 días hábiles desde que la Alcaldía de Manizales ingresó al conjunto cerrado Santa María del Camino con el fin de demoler los patios y otras áreas de siete casas porque su constructor las levantó sin cumplir normas urbanísticas, pero aún no hay claridad jurídica para actuar.
Ese día (21 de junio), la Defensoría del Pueblo en Caldas le advirtió a la Administración Municipal que si tumbaba espacios en más de una casa se verían en la obligación de presentar denuncias penales e iniciar procesos administrativos sancionatorios contra los funcionarios que se excedieran.
Argumentan que el fallo del Tribunal Superior, que decidió en segunda instancia sobre este caso, solo coincide con una ficha catastral de las siete casas involucradas, por lo tanto solo habría que demoler en una: la casa 12.
La Defensoría anunció además que impugnaría el fallo del Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que indicó que era improcedente la tutela que había presentado este organismo y con ello dejó en firme la demolición.
Maryuri Ruiz, funcionaria de la Defensoría, informó ayer que a los tres días de este hecho presentaron la impugnación, y que el juzgado ya la admitió y está en trámite para decidir.
Podría ser que lleguen a una negociación, en la cual la Alcaldía acepte que el dueño de la casa 12 demuela los tres metros del retiro obligado con el vecino conjunto cerrado Arboletes, que infringió el urbanizador (Gustavo Castaño Loaiza).
El secretario de Obras Públicas, César Alberto Gutiérrez, afirmó que aún no les notifican la decisión que tomó el juzgado, y que es una interpretación válida la que le pueden estar dando con la opción de tumbar en una sola casa. "Si es así, cuando termine la impugnación le presentaríamos informe al juez y que él decida si con ello se está cumplido el fallo o no".
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