Los enredos detrás del caso del general Martínez

Colprensa | LA PATRIA

Medellín

El ascenso del brigadier general Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien encabeza a “Agamenón”, una de las operaciones más grandes de la historia contra el crimen organizado, terminó obstruido.

Lo anterior, debido a una serie de factores que al parecer se derivan de disputas internas e intereses políticos ajenos a la carrera del oficial.

La decisión del Ministerio de Defensa, de retirar su hoja de vida de la lista de 39 candidatos a ser promovidos, que fue debatida y aprobada por el Congreso en diciembre, generó una tormenta institucional que tanto el Gobierno como la Policía han tratado de minimizar.

La situación se volvió más compleja luego de que una comisión policial viajó a mediados del mes pasado a E.U., para confirmar si allá cursa algún proceso penal contra Martínez, y les dijeron que no.

El ambiente alrededor del caso comenzó a oscurecerse a mediados de noviembre, cuando el Ministerio confeccionó el listado de oficiales de la Fuerza Pública que aspiraban al ascenso, el cual estaba conformado por 20 miembros del Ejército, 10 de la FAC, seis de la Armada y tres de la Policía, entre ellos Martínez.

A manos del presidente Juan Manuel Santos llegó un documento anónimo, fechado el 24 de septiembre de 2014 y presuntamente elaborado en Miami, E.U., para la Fiscalía del Distrito Sur de La Florida.

La carta, de apenas tres párrafos, dice que las agencias DEA, ICE y FBI, a partir de testimonios de personas extraditadas durante los últimos ocho años, recopilaron información contra el oficial.

El anónimo sostiene que, presuntamente, “recibió pagos, sobornos y en algún momento propiedades, por la información que él proporcionaba a las organizaciones de tráfico de drogas, respecto a las actividades operativas propias de la Policía” y que los hechos habrían ocurrido entre 2003 y 2010.

Señala que la información partió de declaraciones de los comandantes paramilitares Salvatore Mancuso, de alias “Macaco” y “Jorge 40”, entre otros, así como de los narcotraficantes “Percherón” y “Rogelio” (cabecilla de “la Oficina”), al igual que del general (r) Mauricio Santoyo.

Tensión en la Policía

El señalamiento no era nuevo, toda vez que en 2012, cuando Martínez asumió el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, también aparecieron anónimos afirmando que “Macaco” habría dicho que el uniformado tuvo nexos con el narco Francisco Cifuentes Villa, porque este, quien fue asesinado en 2007, se lo había comentado una vez.

En ese entonces, salió airoso y pudo continuar su carrera, llegando hasta el cargo que hoy ostenta, de director de Carabineros y Seguridad Rural.

El nuevo anónimo llegó en un momento de altísimo estrés dentro de la Policía, que viene lidiando con graves disputas internas, algunas de las cuales salieron a la luz pública.

Entre ellas, demandas contra el director, general Rodolfo Palomino, por supuesto acoso laboral y sexual contra un subalterno, así como reportajes periodísticos sobre presuntos manejos irregulares de dinero; y un video en el que un suboficial, junto a 19 patrulleros encapuchados, criticaba por redes sociales la gestión de los jefes y del presidente Santos.

A esto se sumaron después las revelaciones sobre “chuzadas” y seguimientos clandestinos a reporteros, que dejaron en el ojo del huracán a la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).

En ese ambiente enrarecido, se programó el debate en la Comisión Segunda del Senado, para analizar las hojas de vida de los aspirantes al ascenso.

Anomalías

El investigador privado Wilton César Hernández, exmiembro del CTI de la Fiscalía y capacitado por agencias extranjeras como el FBI, fue contactado por Martínez para hacer un informe pericial sobre el anónimo que llegó a manos del Presidente, cuyos resultados presentó el pasado 19 de noviembre.

El investigador comparó la carta con documentos legales y observó inconsistencias en la supuesta prueba, como que carecía de logos oficiales (como sí los traen los comunicados auténticos), había faltas de ortografía, imprecisiones biográficas (afirma que Martínez fue comandante en el Magdalena Medio, lo cual no es cierto) y en la narración se mezclaban las gramáticas inglesa y española de manera errada.

El peritazgo concluyó que “existe una evidente intención de suplantar documentos oficiales de Agencias Federales de los Estados Unidos”, “la información se evidencia como inexacta e imprecisa” y que “es un instrumento direccionado en desprestigiar con un enfoque unipersonal, en el caso que nos ocupa”.

El debate

El citado informe pericial fue llevado el 1 de diciembre a una sesión a puerta cerrada en la Comisión Segunda del Senado, en donde el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló a favor de Martínez, un oficial que ha pasado por los cargos más importantes en la Policía. Entre otros, fue comandante en Antioquia, el Valle de Aburrá y Bogotá, y pasó por el Gaula, la Dijín y la Dirección Financiera.

Incluso, según asistentes a la discusión, Villegas dijo que este ascenso era un asunto “de seguridad nacional” y preguntó: “¿cómo no vamos a ascender a Martínez, si es la punta de lanza de la operación Agamenón?”.

Dicha operación, con la participación de 1.300 policías y la dirección de cuatro generales, se ejecuta desde febrero contra “los Urabeños”, la banda más peligrosa de Colombia y el primer objetivo en las prioridades de E.U.; además, es la principal prueba que tiene el Gobierno para mostrarle a las Farc que sí está combatiendo los reductos del paramilitarismo, tal cual se está pactando en la mesa de diálogos de La Habana.

Reiteró el ministro que conocía al oficial desde hacía 20 años y, aunque no lo comentó en el recinto, es públicamente conocido que su cercanía con Martínez se afianzó desde el secuestro de su hija de 18 años, Juliana Villegas Restrepo. En aquel entonces, el oficial pertenecía al Gaula y adelantó labores que facilitaron el retorno de la muchacha a casa.

A verificar el contenido

El Gobierno envió una comisión de la Policía a E.U. para verificar el contenido de los anónimos y reunirse con directivos de la DEA, entre otros. Del 11 al 13 de diciembre viajaron los generales Jorge Rodríguez, director de la Dijín, y Jorge Vargas, de la Dipol.

A su retorno, reportaron que no hay ninguna investigación en firme contra Martínez. La Fiscalía estadounidense espera entrevistar a tres hermanos extraditados del narco Francisco Cifuentes, para corroborar si es cierto lo dicho por “Macaco”.

Entre tanto, la plenaria del Senado aprobó el 15 de diciembre el ascenso de los 38 oficiales postulados, con 56 votos a favor y cuatro en contra.

Se supo que el 17 de diciembre hubo una reunión de alto nivel, en la cual Martínez le pidió a Villegas que le aclarara su situación y le refutó la información de los memorandos internos que llegaron a la casa de Galán, indicando que “no eran nada nuevo, que eso ya se había investigado”.

El interlocutor le recordó el aprecio que le tenía, pero indicándole que desde el punto de vista político “la situación era inviable”. “Me siento tratado como un delincuente - le respondió Martínez. "Si eso es así, entonces ordene que me capturen ya”.