Victoria para Nicaragua en CIJ: Colombia debe cesar su conducta en sus aguas

IMANE RACHIDI

EFE | LA PATRIA | LA HAYA

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró ayer válidas las denuncias de Nicaragua sobre la violación por parte de Colombia de su “soberanía y jurisdicción” con su permiso de pesca a buques colombianos y su “interferencia” con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas de Managua.

En un fallo definitivo y vinculante, el tribunal de la ONU se pronunció sobre lo que ha considerado una violación de “los derechos de soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE), y ha exigido a Colombia “cesar inmediatamente su conducta” en esa zona.

La CIJ vio esa violación en la autorización por parte de Bogotá de actividades de pesca de buques colombianos en aguas nicaragüenses, y en su “interferencia con las actividades de investigación científica marina y pesquera de las embarcaciones con bandera o licencia nicaragüense y con las operaciones de las embarcaciones navales” en aguas de Managua.

Además, consideró que el decreto presidencial colombiano de 2013 que estableció una "zona contigua integral" desde el continente hasta el archipiélago, en el que se omite la delimitación fijada por la CIJ en un fallo anterior de 2012 (reafirmado ayer por el tribunal), “no se ajusta al derecho internacional consuetudinario”.

Interpretaciones

Carlos Gustavo Arrieta, agente colombiano ante la CIJ, reconoció que el fallo contiene “un pequeño regaño por algunas operaciones de la Armada (colombiana) en alguna zona”, pero que el tribunal “consideró que no eran infracciones mayores de derecho internacional y no les atribuyó consecuencia” para Bogotá.

“Hemos logrado lo esencial para Colombia, que era mantener la libertad de navegación en la zona y la presencia de la armada, mantener la integralidad del archipiélago, y reconocer a la comunidad raizal para que pudiera pescar en la zona. Salimos muy contentos”, aseguró.

La Corte pidió a Bogotá y Managua buscar acuerdos bilaterales sobre la situación de la comunidad raizal, para que esta pueda acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales en aguas nicaragüenses, algo que Arrieta consideró “decisiones políticas” y “de los gobiernos”, y prometió que Bogotá analizará la sentencia y “procederá de acuerdo con eso”.

Sin embargo, sobre el punto en el que la Corte exige a Colombia “cesar inmediatamente su conducta”, Arrieta lo interpreta de otra manera.

“No nos ordenar cesar nuestra presencia en aguas nicaragüenses, eso no es verdad, lo que dijeron es que no podíamos hacer operaciones de control del medio ambiente porque eran atribuciones de Nicaragua, pero nunca nos ordenaron que no hagamos presencia ni que salgamos de la zona, jamás, en ninguna parte”, interpretó Arrieta.

El fallo, añadió el agente colombiano, mantiene "las posibilidades de que la Armada de Colombia esté allí y haga operaciones de lucha contra el crimen organizado en la zona".

Daniel Loaiza Correa, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Manizales, al contrario de Arrieta es menos optimista, indicó que es un fallo que claramente favorece a Nicaragua y que se sustenta en los antecedentes que ya se tenían de esta disputa desde el año 2012. "La actual sentencia reconoce una violación de Colombia hacia el espacio marítimo de Nicaragua y los casos en los que podría hacer presencia en estos territorios marítimos que ya no sería por asuntos de pesca, sino por cooperación internacional para el control del narcotráfico, el cuidado del medio ambiente, entre otros".

Explicó que la CIJ no podía proferir en este nuevo fallo algo contrario a la sentencia proferida en noviembre del 2012 sobre el diferendo marítimo entre ambos países, "por medio del cual se redefinieron los límites y se le dejó a Nicaragua un 40% más del Mar Caribe que anteriormente pertenecía a Colombia", agregó Loaiza Correa.

Ese fallo mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del cual también hacen parte los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla, Bajonuevo, Alburquerque, Cayo Este-Sudeste y Quitasueño.

Igualmente conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar de zona económica.

Nicaragua denunció entonces ante la CIJ que Colombia había violado el derecho internacional por no aplicar esa sentencia porque su Armada hace operaciones en aguas caribeñas que no le corresponden y Bogotá expidió el decreto que estableció una "zona contigua integral".

En respuesta, Colombia contrademandó a Nicaragua ante la CIJ alegando que ese país "ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal", pues sus bancos de pesca tradicionales quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior.

Además, también argumentó que Nicaragua expidió ese decreto presidencial que consideró "contrario al derecho internacional" y que está relacionado con los puntos y líneas a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Caribe, buscando "adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia".

Sobre si Colombia puede apelar el reciente fallo de la CIJ que favorece a los nicaragüenses, el profesor de la Universidad de Manizales, aclaró que la sentencia es inapelable. "El único recurso que procede para Colombia es una solicitud de interpretación del texto de la sentencia que consiste en pedir aclaraciones y precisiones sobre los alcances y efectos jurídicos del fallo para el territorio".

Ahora al Gobierno de Iván Duque le corresponde asumir la sentencia, según el docente, "se pueden comenzar a calcular los riesgos que tiene para el país perder parte del territorio y cómo mitigar los impactos para las riquezas pesqueras y marítimas colombianas".

Reacciones de los candidatos presidenciales

Gustavo Petro, del Pacto Histórico

Hay que hacer un acuerdo bilateral con Nicaragua con un propósito: defender los derechos de pesca de la población raizal de San Andrés y a eso nos vamos a comprometer, a restituir los derechos de pesca de la población raizal de San Andrés.

Federico Gutiérrez, Equipo por Colombia

Colombia es una democracia y Nicaragua es una dictadura. Con una dictadura no negociaremos nuestros límites fronterizos. La línea de defensa territorial de Colombia se mantendrá como una política de Estado.

Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza

Se debe tener en cuenta que se trata de asuntos de soberanía y que al Gobierno colombiano le corresponde cumplir antes que nada con las normas constitucionales y legales de nuestro país, proteger nuestros derechos y en particular los de la población raizal.

Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción

Se debería llegar a un acuerdo con Nicaragua si el fallo de La Haya sigue siendo negativo para la vida de los pescadores y la comunidad raizal, porque se les debe facilitar posibilidades para que no se vean afectadas sus necesidades de trabajo, de sostenimiento.

Duque dice no permitirá a Nicaragua limitar derechos de Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró ayer que su Gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país en el mar Caribe, ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia.

"Mi Gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia", manifestó Duque en una declaración al país desde la isla de San Andrés, acompañado por la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, la cúpula militar y policial y otras autoridades.

El presidente señalo además que, "de conformidad con el derecho internacional", buscará "la protección del medio ambiente marino y la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y la lucha contra los delitos transnacionales en el área", que es otro de los argumentos de su país para que buques de la Armada naveguen en esas aguas.

"Nuestra obligación es defender la soberanía de Colombia sobre el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y defender de manera irrestricta y permanente a su población, así como defender los intereses de Colombia en el mar Caribe; frente a esa responsabilidad no puede haber titubeos ni ambigüedades", enfatizó el mandatario.