Víctimas de golpe en Venezuela insisten en que haya justicia

EFE|LA PATRIA|CARACAS

Los familiares de víctimas del golpe de Estado que en abril del 2002 derrocó brevemente al presidente venezolano, Hugo Chávez, reclamaron justicia y denunciaron 10 años de "absoluta impunidad" en los que la mayoría de los casos han sido archivados sin sentencia.

"Han sido diez años de absoluta impunidad. De los 19 asesinatos, solamente dos han sido objeto de condena y 17 quedaron completamente impunes", dijo a Efe el abogado Alfredo Romero, quien representa a las familias de ocho fallecidos.

Oficialmente, el saldo del golpe fue de 19 muertos y 100 heridos tanto del bando opositor como del oficialismo, la mayoría de ellos ocurridos durante la multitudinaria marcha opositora convocada el 11 de abril para pedir la salida de Chávez y que luego desembocó en un golpe que involucró a empresarios, políticos y militares.

Entonces, Liany Bordones tenía 25 años cuando vio por la televisión que su padre, Alexis, un comerciante de 53 años de Valencia, yacía en el asfalto del centro de Caracas tras recibir el impacto de una bala.

"Yo decía que confiaba más en la justicia divina que en la justicia venezolana y a las pruebas me remito. Hoy en día, 10 años después, no hemos tenido respuesta alguna", señaló a Efe.

Entretanto, Malvina Pesate, militante del opositor partido Primero Justicia cuyas imágenes siendo alcanzada por una bala dieron la vuelta al mundo, tuvo más suerte y hoy puede contar su historia.

"No ha habido justicia de ninguna manera ni para mí ni para ninguno. No les interesa contar la verdad", afirmó al referirse a las autoridades.

Mientras, el Gobierno asegura que la extinta Policía Metropolitana y francotiradores de la oposición dispararon contra su misma gente para justificar el golpe de Estado, sectores opositores aseguran que simpatizantes del presidente fueron los que dispararon contra los manifestantes.

Romero explicó que por las muertes del golpe han sido imputados, entre otros, tres comisarios de la Policía Metropolitana -Lázaro Forero, Henry Vivas y Iván Simonovis-, condenados a 30 años de prisión por haber ordenado disparar contra manifestantes afines a Chávez durante la marcha.

"Este es un Estado que promueve la impunidad, pero se afinca en aquellos casos donde existen disidentes involucrados para perseguir", consideró Romero, quien lamentó que con estas detenciones solo se hayan resuelto dos de los diecinueve asesinatos.

El letrado indicó que ya no espera "nada" de la Justicia ni del Gobierno de Venezuela y que confía en una pronta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Esa es la única ventanita que tenemos hacia la justicia", puntualizó.