Unasur envía cancilleres para debatir crisis en Paraguay

EFE|LA PATRIA|RÍO DE JANEIRO

Los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acordaron enviar una misión de cancilleres a Paraguay, a fin de analizar la crisis creada con la decisión de la Cámara de Diputados de abrir un juicio político contra el presidente Fernando Lugo, informaron fuentes oficiales.

"Ante esa iniciativa", los países de la Unasur acordaron el envío "inmediato" de esa misión, que partió ayer mismo y a la que se unirá el secretario general del bloque, el venezolano Alí Rodríguez, quien asumió el cargo la semana pasada, anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota.

El canciller brasileño dijo que formará parte de ese grupo, que partirá desde Río de Janeiro a las pero no precisó que otros ministros lo integrarán.

Según dijo Patriota, la decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria de la Unasur celebrada ayer mismo en el marco de la conferencia Río+20, a la que asisten la mayoría de los presidentes del bloque.

El ministro explicó que la Unasur acordó actuar en el marco del "espíritu" establecido en la cláusula democrática del bloque, y con el objetivo de garantizar que sean respetadas la "institucionalidad" y la "democracia" en Paraguay.

Patriota apuntó que la misión también exigirá que sea "respetado" el "derecho a la defensa" del presidente Lugo, a quien la Cámara de Diputados ha decidido someter a un juicio político por un supuesto mal desempeño en sus funciones por el enfrentamiento entre policías y campesinos en una hacienda el pasado día 15, que dejó 17 muertos.

Lugo se pronunció ante la decisión de la cámara baja en un mensaje dirigido a la nación, en que el descartó la posibilidad de renunciar al cargo y dijo que se someterá al "juicio político" promovido por el Congreso "con todas sus consecuencias".

El proceso

La Constitución paraguaya establece en su artículo 225 que el presidente y otros altos cargos pueden ser sometidos "a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes".

"La acusación la formuló la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos", añade el artículo.

Después de la matanza de Curuguaty, que generó grandes críticas de la oposición, Lugo sustituyó a los jefes policiales y ayer anunció la creación de una comisión especial para, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), investigar lo ocurrido sin la "turbulencia" de los intereses políticos, económicos y sectoriales que rodean el caso.

La crisis se profundizó ayer en la mañana con el anuncio del Partido Liberal Radical Auténtico, principal fuerza de la coalición gubernamental de Paraguay, de que iba a apoyar la tramitación del juicio político contra el jefe de Estado.

El presidente del PLRA, Blas Llano, dijo también en rueda de prensa que los cuatro ministros de esta agrupación iban a presentar su renuncia al cargo, que de momento ejecutó el titular de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco.

"Lo hacemos esto en el entendimiento de que es importante para la ciudadanía paraguaya toda poder devolver la tranquilidad social, la convivencia pacífica entre paraguayos, que lastimosamente no están dadas", aseveró el dirigente.

Lugo apostó por "honrar la voluntad de las urnas" y evitar que "una vez más en la Historia de la República, un hecho político robe privilegio y soberanía a la suprema decisión del pueblo".

El anterior juicio político contra un presidente paraguayo fue el efectuado a Raúl Cubas Grau en marzo de 1999, quien fue sustituido por el presidente del Congreso porque el vicepresidente había sido asesinado, en un momento histórico conocido como el "marzo paraguayo".

El Congreso promueve "juicio político"

La Cámara de Diputados de Paraguay inició un proceso constitucional de destitución del presidente Fernando Lugo, que empezó ayer en el Senado, en medio de acusaciones de "golpe de Estado" de organizaciones campesinas que se dirigen hacia Asunción en defensa del mandatario.

Minutos después de que la Cámara de Diputados aprobó ayer iniciar el procedimiento, Lugo anunció que no piensa renunciar y que enfrentará el juicio político" promovido por el Congreso "con todas sus consecuencias".

Sólo una diputada izquierdista, Aida Robles, votó en contra de juzgar al presidente por el enfrentamiento a tiros entre policías y campesinos "sin tierra" durante una operación de desalojo que se produjo el pasado día 15 en una hacienda de la localidad de Curuguaty, en el nordeste del país, cerca de la frontera con Brasil.

Los 76 diputados que votaron a favor consideraron que Lugo no desempeñó bien su cargo por la muerte de seis policías y 11 campesinos en ese enfrentamiento.

En un escueto comunicado, las Fuerzas Armadas de Paraguay garantizaron el respeto al "ordenamiento constitucional y democrático vigente".

Entre tanto, miembros de organizaciones campesinas y de grupos de "sin tierras" anunciaron que se trasladarán en las próximas horas a Asunción para protestar contra el proceso de enjuiciamiento político del presidente Lugo.

Un líder de la "Liga Nacional de Carperos", José Rodríguez, dijo que campesinos de 15 de los 17 departamentos con que cuenta el país se encuentran rumbo a la capital y que prevén concentrarse en las inmediaciones de la sede del Congreso, donde ya hay un grupo de manifestantes con banderas y pancartas.

Otro de los dirigentes campesinos, Eulalio López, anunció movilizaciones de labradores en todo el país y, en declaraciones a radios asuncenas, calificó como un golpe de Estado el juicio político promovido contra el gobernante.