EFE | LA PATRIA | QUITO
La Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ofrecerán apoyo técnico en un eventual diálogo para que el Gobierno de Ecuador y los promotores de las manifestaciones contra el Ejecutivo puedan llegar a acuerdos, en momentos en que arrecian las protestas sociales en distintas partes del país.
Ana Patricia Muñoz, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, dijo que una Comisión Convocante, compuesta por más de 300 organizaciones de la sociedad civil, han invitado al diálogo a ambas partes.
"Contamos con el apoyo técnico tanto de la Unión Europea como del sistema de las Naciones Unidas en Ecuador. Ya está confirmado. Ellos van a brindar asistencia tanto en la fase previa a la concreción del diálogo como durante la concreción del diálogo", dijo.
La Comisión Convocante está a la espera de la respuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígena de Ecuador (Conaie), principal promotora de las protestas, en demanda de la bajada del precio de los combustibles, el control de precios, impedir las privatizaciones y evitar la flexibilización laboral, entre otros.
Gobierno acepta
Muñoz, directora ejecutiva de la Fundación FARO, confirmó que el Gobierno ya envió el lunes, por escrito, su aceptación a la invitación. Asimismo, comentó que la metodología que construyen consta de una fase previa al diálogo formal inicial, en la que se acordarán las reglas de juego entre la Comisión Convocante y las partes.
Esa fase incluye también la definición de temas que tienen como punto de partida los 10 asuntos que constan en la agenda planteada por la Conaie, entre los que también figuran la anulación de privatizaciones de empresas del Estado y moratorias tanto para las deudas de los campesinos como para las actividades mineras.
Distrurbios
El centro de Quito fue escenario ayer de nuevos disturbios por enfrentamientos entre policías y manifestantes que trataron de llegar al parque El Arbolito. Ese punto fue epicentro en octubre del 2019 durante la ola de protestas por el intento de eliminar los subsidios a los combustibles de mayor uso, que paralizó al país por 10 días y dejó un una decena de fallecidos y unos 1.500 heridos a nivel nacional.
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