Trump pierde una nueva batalla judicial

EFE | LA PATRIA | NUEVA YORK

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió ayer una nueva batalla judicial en un tribunal de Nueva York para intentar impedir que la Cámara de Representantes conozca detalles sobre sus finanzas.

El juez Edgardo Ramos, del distrito sur de Nueva York, decidió que el banco alemán Deutsche Bank y el estadounidense Capital One sí pueden entregar información financiera del presidente Trump a los dos comités de la cámara baja del Congreso que la solicitaron.

El 29 de abril, Trump, tres de sus hijos -Donald Jr., Ivanka y Eric- y su empresa, Trump Organization, interpusieron una demanda para intentar impedir que estas entidades enviaran esta documentación.

Este fallo judicial se produce tan solo dos días después de que otro magistrado del Distrito de Columbia, Amit Mehta, considerara que Trump no podía bloquear una citación judicial del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja a Mazars, la firma de contabilidad usada por el presidente y sus empresas.

La decisión de Mehta fue apelada el martes por los abogados de Trump que consideran "inconstitucional" la petición del Congreso.

Su equipo de defensa sostiene que las actuaciones de los legisladores no tienen "ninguna legitimidad ni fin legítimo" y responden únicamente al objetivo de "hostigar a Trump para buscar cualquier material que pueda ser usado para causarle un daño político".

"Los demócratas están usando su nuevo control de los comités del Congreso para investigar todos los aspectos de las finanzas personales, los negocios y hasta a la familia del presidente Trump", señalan sus abogados.

Sin embargo, el magistrado Edgardo Ramos subrayó en su sentencia de ayer que la petición de la Cámara, que fue defendida en la sala por el abogado Douglas Letter, sirve a fines legislativos legítimos.

A estas dos derrotas de Trump, que parece no dispuesto a perder la guerra sobre sus informes financieros, se sumó el 8 de mayo una iniciativa del Senado del estado de Nueva York, que abrió la puerta a que los legisladores neoyorquinos puedan acceder a las declaraciones de impuestos de Trump, que se ha convertido en el primer presidente estadounidense desde Gerald Ford (1974-1977) que no publica cada año su declaración de impuestos.

Esta norma no escrita se convirtió en una tradición que sus predecesores consideraban parte de su deber de transparencia y rendición de cuentas ante el electorado.

Se niega a trabajar con demócratas

Ante el acoso de la oposición, Trump ha redoblado su ofensiva contra el Partido Demócrata y ayer ha asegurado que no trabajará con los demócratas en el Congreso hasta que cesen sus investigaciones sobre él.

Trump dio a conocer su decisión poco después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusara al presidente de "encubrir" posibles pruebas que podrían conducir a su destitución.

"Creemos que es importante seguir los hechos, creemos que nadie está por encima de la ley (...), y creemos que el presidente de Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento", dijo la demócrata Pelosi en el Capitolio.

Trump respondió en una rueda de prensa asegurando: "Yo no hago encubrimientos", antes de agregar que él ha sido "transparente".

"Cuando acaben con todo (lo que están investigando), estoy preparado para actuar en infraestructura, para bajar los precios de los medicamentos... Mientras tanto, estamos haciendo un trabajo tremendo por nuestra cuenta", concluyó el presidente.

Avalan iniciativa en contra del magnate

El Congreso del estado de Nueva York, dominado por demócratas, aprobó ater el proyecto de ley que facilita al Congreso de EE.UU. el acceso a lo que ha reclamado con insistencia: la declaración de impuestos del presidente Donald Trump, que se ha negado a hacerlos públicos.

El proyecto, que deberá pasar ahora a ser firmado por el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, también demócrata y crítico de las políticas del mandatario, autoriza a la agencia fiscal de Nueva York, donde reside y tiene sus negocios Trump, a entregar los documentos a los comités del Congreso que lo han pedido, siempre que estos tengan un objetivo legislativo "específico y legítimo".