Tribunal electoral le despeja el camino a Evo

GABRIEL ROMANO

EFE | LA PATRIA | LA PAZ

La habilitación de la candidatura de Evo Morales para las elecciones primarias y generales en Bolivia en 2019 cerró el debate en torno a su legalidad, según los partidarios del gobernante, y alimentó la idea de una oposición más sólida que hasta ahora no ha podido consolidarse.

Para los seguidores de Morales, el organismo electoral boliviano cerró el circuito de disputas legales sobre la reelección de Morales, en las que estaban contrapuestos un fallo del Tribunal Constitucional que le reconoce ese derecho con los resultados del referendo del 2016 que le negó esa posibilidad.

"En lo constitucional, institucional y legal está absolutamente cerrado" dijo el analista y exministro de Autonomías Hugo Siles al referirse a los sectores que reivindican los resultados de la consulta, en la que fue rechazada mayoritariamente una reforma constitucional para permitir que Morales se vuelva a postular.

Siles calificó de "juego de palabras" y "manifestaciones demagógicas" a aquellas declaraciones que consideraron que con la acción última del Tribunal Supremo Electoral se acabó la democracia y se inició una dictadura en el país.

A juicio del exministro, el accionar del ente electoral es parte de su "responsabilidad" de hacer cumplir la sentencia emitida a fines del 2017 por el Tribunal Constitucional ante los límites legales que tiene para observarla o revertirla.

Hizo hincapié en que esa sentencia fue el fruto de un "control de convencionalidad" que la Constitución boliviana da a los tratados internacionales y que concluyó que Morales tiene el derecho de presentarse a elecciones y el pueblo de elegirlo.

El Constitucional ya habilitó a Morales para ser candidato en 2014 con el argumento de que su primer mandato, de 2006 a 2009, no cuenta porque el país fue refundado con la nueva Carta Magna promulgada en 2009 y pasó de República a un nuevo Estado Plurinacional.

El órgano electoral debía pronunciarse hasta este sábado sobre la habilitación de candidaturas, incluida las de Morales y de su vicepresidente, Álvaro García Linera, para unas inéditas primarias que se celebrarán el próximo 27 de enero, con miras a las elecciones generales de octubre del 2019.

El anuncio de las candidaturas habilitadas se dio cuatro días antes de aquel plazo y cuando están en curso dos marchas de activistas que reclaman que se respete el límite constitucional de solo dos mandatos consecutivos.

La habilitación de la dupla oficialista se consolidó con el voto de cuatro vocales electorales nacionales que concibieron que rige la sentencia constitucional, frente a otros dos que entendieron que hay una especie de choque jurídico entre ese fallo y el resultado de la consulta popular del 2016.

El académico y politólogo Franklin Pareja mencionó que la determinación del ente electoral finaliza un "proceso de instrumentalización de las instituciones públicas" que comenzó con la sentencia del Constitucional del año pasado.

"Es el mundo al revés. Es la sociedad civil la que ahora pide a la sociedad política que cumpla la ley, cuando debiera ser al revés", dijo Pareja en referencia a los grupos que mantienen su exigencia de respeto a los resultados del referendo.

El experto aseguró que la sentencia constitucional, a la que el oficialismo boliviano se refiere continuamente para justificar la nueva candidatura de Morales, recurrió a una interpretación "amañanada, forzada e ilegal" de los tratados internacionales, lo que ha afectado a la institucionalidad del país.

Con respecto al posible efecto electoral de la habilitación de la postulación de Morales, consideró que el mandatario sigue siendo un "candidato fuerte" al que, sin embargo, se le puede ganar.

Aunque esto dependerá de la estrategia que él mismo decida encarar y de la que construya la oposición, agregó.

Pareja alertó sobre el riesgo de que las agrupaciones opositoras que presentaron candidaturas funcionen más como "clubes electorales" antes que como partidos políticos.

A su juicio, dentro de la oposición boliviana no hay estructuras de renovación interna, ni una visión programática a largo plazo, y sus agrupaciones políticas carecen de vínculos partidarios internacionales, entre otros deméritos.

Otras de las candidaturas habilitadas por el órgano electoral boliviano son las de los también expresidentes bolivianos Jaime Paz Zamora, por el Partido Demócrata Cristiano, y Víctor Hugo Cárdenas, por Unidad Cívica Solidaridad.