Tribunal anula gran parte de ley Arizona

EFE|LA PATRIA|WASHINGTON

El Tribunal Supremo de EE.UU. anuló ayer tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley SB1070 de Arizona, considerada la más dura contra la inmigración ilegal, lo que supone una victoria para el gobierno de Barack Obama, que cuestiona la competencia de los estados federados para legislar en esa materia.

En su sentencia, los jueces anularon las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070, pero dejaron en pie la disposición más espinosa que permite a la policía pedir "los papeles" de quienes detenga por otras infracciones, incluso menores, y tenga "sospecha razonable" de que son indocumentados.

Según los activistas proinmigrantes, esa cláusula dará licencia para discriminar a personas que luzcan o tengan acento extranjero.

La decisión supone una victoria política para el gobierno de Barack Obama, que había cuestionado la competencia de los estados federados para legislar en materia de inmigración.

Así, el Supremo le dio la razón al Gobierno de Obama al anular tres cláusulas: una que convertía en delincuentes a los indocumentados que obtengan o soliciten trabajo; otra que autorizaba el arresto, sin permiso judicial, de personas que han cometido un delito que pueda ser causa de deportación; y la que exigía a los inmigrantes portar siempre documentos de registro ante el Gobierno federal.

"Arizona puede que tenga frustraciones entendibles respecto a los problemas causados por la inmigración ilegal mientras continúe, pero el estado no puede perseguir políticas que minen la ley federal", dijo el juez Anthony Kennedy, en nombre de la mayoría.

En un comunicado, Obama elogió el fallo del Supremo, pero expresó su preocupación por la cláusula que queda en vigor, aunque renovó su compromiso de trabajar con ambos partidos en el Congreso hacia una reforma migratoria integral.

"Ningún estadounidense debería jamás vivir bajo sospecha sólo por su aspecto. En adelante, debemos asegurarnos de que las autoridades policiales de Arizona no apliquen esta ley de forma que mine los derechos civiles de los estadounidenses", dijo Obama, quien buscará la reelección en los comicios de noviembre próximo.

En desacuerdo

Según organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, muchos hispanos de Arizona -estado fronterizo con México- que son residentes legales o ciudadanos estadounidenses podrían verse requeridos a probar su estatus sólo por su color de piel o su acento, lo que puede suponer una violación de su derechos.

El ser estadounidense no es cuestión de aspecto físico o de apellido sino de una "creencia compartida en la promesa duradera de este país, y nuestra responsabilidad compartida de que sea más generoso y más prometedor" que antes, insistió Obama.

Por su parte, el candidato republicano a la Presidencia Mitt Romney consideró que el dictamen refleja la falta de liderazgo de Obama en estas lides, a la vez que defendió el "derecho" de los estados de "resguardar" las "fronteras y el imperio de la ley", porque el Gobierno federal "no ha cumplido con sus responsabilidades".

El titular del Departamento de Justicia, Eric Holder, manifestó que el fallo "confirma la autoridad exclusiva del Gobierno federal de regular" las leyes de inmigración, y prometió que su agencia vigilará que el resto de la ley se aplique sin atropellar los derechos civiles.

El Departamento de Justicia entabló una demanda contra la SB1070 y había logrado que las cuatro cláusulas de la ley fueran bloqueadas en tribunales de instancia inferior.

El pasado 15 de junio, la Administración Obama decidió suspender la deportación de estudiantes indocumentados de hasta 30 años de edad y que entraron a EE.UU. antes de los 16.

Tanto Obama como Romney cortejan activamente el voto hispano, que se perfila definitorio en varios estados clave como Nevada, Florida, Nuevo México y Colorado, para los comicios del 6 de noviembre.

Ahora, el consenso es que este fallo servirá de guía sobre lo que pueden llegar a legislar los estados federados.

"Algunos de estos esfuerzos serán antiinmigrantes, como en Arizona, y otros quizá proinmigrante, en tanto los estados reconozcan la importancia de los inmigrantes en sus comunidades. Sin duda aumentará la presión para que el Congreso actúe", dijo a Efe Stephen Yale-Loehr, profesor de leyes de la Universidad de Cornell.