EFE|LA PATRIA|LA PAZ
Los sindicatos del transporte público paralizaron ayer las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto, en el primer día de un paro de 48 horas contra una ley que busca ordenar el caos vial, y comenzó así con contundencia la séptima semana consecutiva de conflictos en Bolivia.
Los conductores, que rechazan una ley de la alcaldía de La Paz que intenta mejorar el caótico tráfico urbano, se sumaron a numerosos sectores movilizados desde marzo contra el presidente Evo Morales y otras autoridades, incluidos maestros, médicos, trabajadores de la salud pública, universitarios e indígenas.
Los afiliados a la Central Única de Transporte Urbano de La Paz bloquearon desde la madrugada de ayer con taxis, pequeños autobuses, árboles, fogatas y grandes piedras, las principales encrucijadas de estas dos ciudades vecinas, de un millón de habitantes cada una, constataron corresponsales de Efe.
Piquetes de transportistas armados con palos, cinturones y látigos azotaron a conductores que pretendía superar los bloqueos, cerraron en paso incluso a ambulancias y pincharon las ruedas de muchos automóviles, mientras miles de personas caminaban para llegar a sus lugares de trabajo.
En la Avenida Arce, en la que hay numerosas embajadas, entre ellas las de Estados Unidos, España, el Reino Unido y Brasil, el tráfico fue cerrado con grandes árboles derribados, mientras que en otros lugares los chóferes reforzaron los bloqueos con fogatas, informaron fuentes diplomáticas.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo en una rueda de prensa que hay al menos 18 puntos estratégicos bloqueados en La Paz y varios más en El Alto, pero afirmó que en el resto de Bolivia por ahora "no hay movilizaciones ni bloqueos".
No obstante, los medios bolivianos informaron que también hubo bloqueos de transportadores en Sucre y Oruro y de universitarios en Cochabamba.
La huelga no fue seguida en las regiones de Santa Cruz ni Beni, pese a que dirigentes de los choferes de esas zonas se habían comprometido a hacerlo.
El Gobierno cerró las escuelas privadas y estatales, decretó jornada de trabajo solo hasta media tarde y recomendó a empresas e instituciones que tengan "tolerancia" con los empleados que no puedan llegar o lo hagan tarde.
Los choferes rechazan una ley municipal que intenta regular el tránsito de La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento de Bolivia aunque no capital oficial (es Sucre).
Se oponen a que la Alcaldía, controlada por el Movimiento sin Miedo (MSM), partido centroizquierdista que estuvo aliado hasta 2010 con Morales, ejecute un proyecto de transporte para La Paz que califica de moderno y masivo.
El líder de los transportadores, Gonzalo Millares, dijo que la ley no fue acordada con el sector, les quitará fuentes de empleo con el transporte masivo y duplica las sanciones para los conductores porque podrán multarlos tanto agentes municipales como policías nacionales de tráfico.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, dijo que las autoridades están "muy preocupados" por el "paro contundente" del transporte e invocó al diálogo a los choferes y al alcalde de La Paz, Luis Revilla.
"Es una especie de día del peatón forzoso. Quisiéramos que no continúe más y vamos a usar los medios según vayan avanzando las negociaciones para ayudar a resolver este tema", agregó.
Sobre el clima de conflictividad, García Linera dijo que "es parte de la vida democrática" y que los únicos lugares donde no hay conflictos son los "cementerios".
Tras los dos días del paro del transporte está convocada desde el miércoles una huelga nacional de 72 horas de la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir mejores salarios.
Los médicos y los trabajadores de la salud pública están en huelga desde marzo contra un decreto de Morales que aumenta su jornada laboral de 6 a 8 horas.
Los indígenas de la Amazonía que se oponen a una carretera impulsada por Morales y financiada por Brasil en la reserva natural Tipnis continúan su marcha hacia La Paz para pedir al presidente que no insista en ese proyecto.
Los dirigentes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) analizarán reanudaron el camono en el pueblo de Bermeo, donde descansaron desde el jueves, tras recorrer cerca de 50 kilómetros en la última semana por caminos destrozados e inundados, de unos 550 proyectados hasta La Paz.
El presidente de la Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, dijo ayer a los medios que en su próxima escala, San Ignacio de Moxos, donde son mayoría los partidarios de Morales, hay un ambiente de "racismo y odio" contra los nativos movilizados.
Chávez acusó a Morales y las autoridades oficialistas de San Ignacio de Moxos de promover la confrontación contra la marcha, que rechaza la carretera financiada por Brasil. "Sería la segunda vez que vamos a recibir una paliza", dijo Chávez a radio Erbol.
En septiembre del 2011, cerca de allí, una primera marcha en defensa del Tipnis y contra la carretera sufrió un bloqueo de partidarios de Morales y una brutal represión policial para frenar su avance hacia La Paz, pero llegaron finalmente de forma triunfal en octubre.
Presionado por aquella movilización, Morales promulgó una ley para vetar cualquier vía en el Tipnis, pero luego se arrepintió y convocó una consulta en la reserva sobre la carretera, tras promover una contramarcha de sus partidarios, incluidos sus fieles productores de coca, materia prima de la cocaína.
Amnistía Internacional (AI) criticó la consulta porque, señaló, debió efectuarse antes de proyectar y contratar la obra hace cuatro años, según un comunicado difundido el sábado en La Paz.
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