EFE I LA PATRIA I Caracas
Las máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones legislativas en Venezuela el próximo 6 de diciembre, consideradas un fraude por parte de la oposición, comenzaron a ser auditadas ayer por técnicos internacionales, informaron fuentes oficiales.
El proceso cuenta con la participación de "expertos técnicos" designados por los partidos que acudirán a las elecciones, así como integrantes del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), y técnicos de países como Turquía, Argentina, Rusia y Suráfrica, detalló el Ministerio de Comunicaciones en un comunicado.
Sin embargo, no explicaron quiénes son los participantes ni de qué modo fueron seleccionados o enviados por los países referidos.
El proceso se extenderá hasta el 23 de octubre, periodo durante el que analizarán el software de las máquinas de votación, agregó la información.
Esta auditoría, que forma parte del total de 16 que se realizarán a lo largo del proceso electoral, tiene también como objetivo una revisión del hardware, software y datos de la máquina de votación, lo cual implica la revisión del código fuente, así como pruebas en la solución tecnológica, con el fin de comprobar su funcionamiento, destaca el comunicado oficial.
Entre las características de este proceso de control, siempre según los datos divulgados, destacan "el secreto del voto, el proceso de autenticación biométrica de cada elector, la integridad del resguardo de la información, el cifrado de los archivos con claves compartidas con las organizaciones con fines políticos y el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como una revisión exhaustiva de los componentes de la máquina de votación".
La auditoría que comenzó ayer, aclaró la información oficial, comprende también "la revisión del código fuente del software de la máquina de votación, revisión del hardware de la solución tecnológica, la aplicación de pruebas de ejecución en ambiente controlado y la generación de Hash de las aplicaciones y código fuente".
Los aparatos
Este modelo de máquina fue presentado la semana pasada, tras arder las anteriores en un incendio reciente, por el CNE, cuyos miembros fueron elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por el Parlamento, de notable mayoría opositora, tal y como manda la ley.
El TSJ, cuya legitimidad es negada por la oposición pues sus magistrados fueron elegidos en un proceso exprés y han mostrado sus simpatías con el chavismo, consideró que el Parlamento había hecho omisión de sus funciones.
Al frente pusieron a una vicepresidente del TSJ y hoy presidenta del CNE, Indira Alfonzo, sancionada por Canadá por su rol en las elecciones presidenciales de 2018 en las que fue reelegido Nicolás Maduro.
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