La situación en Siria y la detención del hijo del presidente de Surinam, anfitrión de la VII Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), se colaron en esta reunión, la mayor jamás organizada por este pequeño país de Suramérica, que asumió la Presidencia del joven organismo.
En cualquier caso, los jefes de Estado de Unasur, entre los que no se encontraban los de Argentina, Colombia, Chile ni Uruguay, aprobaron la llamada "Declaración de Paramaribo" y debatieron sobre la necesidad de reformar la organización para hacerla más ágil y otorgar más poderes al secretario general.
Todos ellos consensuaron una declaración que hace "un firme llamado a la paz, esperando que el pueblo sirio, en el ejercicio de su soberanía, pueda encontrar una solución pacífica y negociada al conflicto".
Además, condena las intervenciones externas incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas, las "estrategias intervencionistas de todo tipo" y el uso de armas químicas, y exige el cese inmediato de la violencia, la suspensión del suministro de armas, el respeto al derecho internacional humanitario y el inicio del diálogo entre las partes.
Hechos
En el mismo día en que Surinam asumió la Presidencia pro tempore de Unasur de manos de Perú, Dino Bouterse, el hijo del presidente surinamés, fue extraditado de Panamá a EE.UU., donde está acusado por delitos relacionados con tráfico de armas y drogas, lo que empañó los esfuerzos de este país por mejorar su imagen internacional.
Durante la cumbre, en la que según dijo el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, "el gran ausente" fue Hugo Chávez, al que se le rindió homenaje, hubo también ocasión para las reuniones bilaterales.
Así, los presidentes de Bolivia y Brasil, Evo Morales y Dilma Rousseff, trataron en privado la crisis diplomática abierta entre ambos países a raíz de la salida del senador boliviano Roger Pinto de Bolivia sin el respectivo salvoconducto y con la complicidad de un diplomático brasileño.
Morales aseguró que "ningún grupo" conseguirá enfrentarlo con su homóloga brasileña y dijo que ambos solucionarían esta cuestión con "madurez política".
Rousseff también tuvo ocasión de reunirse en privado con los presidentes de Venezuela y Paraguay, Nicolás Maduro y Horacio Cartes, quienes acordaron "pasar página" en sus diferencias, según detalló luego el mandatario venezolano.
Maduro fue declarado persona "non grata" por el anterior Gobierno paraguayo y Cartes no le invitó a su toma de posesión, aunque el mandatario venezolano le escribió manifestándole su deseo de normalizar las relaciones, suspendidas desde la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia paraguaya, en junio de 2012.
Con este viaje, el primero al extranjero desde que asumió la Presidencia, Cartes también oficializó la reincorporación de su país a este joven órgano de integración regional, suspendida desde entonces.
Reformas
Mucho se habló de integración regional en la capital de Surinam y, de hecho, la "Declaración de Paramaribo" establece objetivos para reducir asimetrías entre los estados y avanzar en ese propósito común de los países que integran Unasur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Sin embargo, uno de los principales problemas que ven algunos de los miembros de Unasur es que la organización se está burocratizando excesivamente, "ONUnizando", en palabras de Molares, por lo que abogaron por reformar sus estatutos y conferir más poderes al secretario general.
Venezuela fue otro de los países que más apostó por las reformas en el seno de la organización y por "sistematizar una agenda del sur" en pro del desarrollo y la integración regional, ya que, según resumió su canciller Elías Jaua, "no podemos permitir que Unasur sea gobernada por una burocracia institucional" como ha ocurrido con otros organismos internacionales.
Solidaridad con Ecuador y Argentina
Unasur también se solidarizó con Ecuador y Argentina ante las "campañas de desprestigio" promovidas por "grupos y empresas transnacionales extrarregionales", así como ante la reclamación argentina de las islas Malvinas.
En ese sentido enfatiza la "necesidad" de que esas empresas y grupos "respeten la legislación nacional y observen los principios y patrones para una conducta responsable y consistente con las políticas públicas adoptadas por los Estados receptores de inversiones".
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