EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó ayer las objeciones presentadas por Colombia y se declaró competente para juzgar las dos demandas que Nicaragua interpuso en 2013 contra el país por el contencioso limítrofe en el mar Caribe, lo que supone un golpe para el país.
La respuesta del presidente, Juan Manuel Santos, fue anunciar que el país no seguirá compareciendo ante la CIJ para tratar el litigio marítimo con Nicaragua porque considera que ese tribunal incurrió en contradicciones en los fallos emitidos ayer en La Haya.
"Los temas bilaterales entre Nicaragua y Colombia no van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes, de conformidad con el derecho internacional", dijo Santos en un mensaje al país.
La primera demanda es del 16 de septiembre del 2013 cuando Nicaragua pidió a la CIJ concederle una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe, ambición rechazada por Bogotá.
"Esta es una pretensión que ya había planteado antes a la Corte, y que este tribunal había negado en su fallo del año 2012", afirmó ayer Santos.
La otra es del 26 de noviembre del mismo año, cuando Managua argumentó que Colombia ha incumplido el fallo del 19 de noviembre del 2012 mediante el cual La Haya redefinió los límites marítimos entre ambos países.
Colombia dijo entonces que ese fallo del 2012 es inaplicable porque los límites del país no pueden ser modificados por terceros y se retiró por las mismas fechas definitivamente del Pacto de Bogotá, con lo cual quedó fuera de la jurisdicción de la CIJ.
Según dijo ayer Santos, la CIJ en primer lugar no respetó su propia sentencia del año 2012, en segundo, desconoció su Estatuto, que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado, y en tercero, pretende aplicar a Colombia la Convención del Mar, un tratado del que el país no hace parte.
"Por lo mismo, y frente a tales contradicciones, he decidido que Colombia no seguirá compareciendo, en este asunto, ante la Corte Internacional de Justicia", enfatizó el jefe de Estado.
Santos destacó que pese a que Colombia se opuso de manera tajante a la pretensión nicaragüense de ampliar su plataforma continental, pues la Corte no podía volver a conocer de un tema sobre el cual ya había fallado, ese tribunal internacional, en un empate pocas veces visto en la Corte, se declaró competente para tramitar esta demanda.
"He tomado esta determinación de no acudir a más audiencias en la CIJ luego de un profundo análisis y diálogo con los expertos que hacen parte del equipo de defensa de Colombia, y luego de haber escuchado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y a los sectores políticos", afirmó el mandatario.
Santos recordó que los límites marítimos de Colombia "sólo pueden ser establecidos o modificados mediante un tratado internacional, como lo dispone el Artículo 101 de nuestra Constitución, y como lo ha dicho nuestra Corte Constitucional en reiteradas ocasiones".
"Colombia respeta el derecho, pero exige también respeto al derecho, y eso es lo que no ha ocurrido", añadió.
Las consecuencias
Por ahora lo que se sabe es que como la posición de Colombia no tiene un carácter jurídico sino meramente político, los procesos de las dos demandas continuarán en la Corte.
Según el profesor en derecho internacional de la Universidad Externado de Colombia, Wilfredo Robayo, por ahora no es posible saber a ciencia cierta, qué consecuencias vendrán para Colombia: "Es muy difícil saberlo porque nunca ha pasado. Nunca un Estado se ha sustraído de la Corte Internacional de Justicia después de que ella reafirma su competencia", afirma.
Pero, qué pasa si Colombia pierde ante Nicaragua y el Gobierno reafirma su posición de no comparecer ante el tribunal.
Según Robayo, cuando se incumple un fallo de la Corte Internacional existen diferentes medidas que van en aumento según su gravedad. Las primeras son políticas y diplomáticas que consistirían en que Colombia sea expulsada de ciertos organismos internacionales, o que se le cercenen algunos de los derechos por su falta de compromiso y respeto a la buena fe.
“Lo que pasa es que el concepto de buena fe en nuestro país lamentablemente tiene un contenido mínimo, casi que inexistente y la gente no cree en él; pero en el derecho internacional es importantísimo, un pilar fundamental del ordenamiento”, afirma.
Pero en el caso más grave, Robayo afirma que se podrían tomar medidas de tipo económico especialmente embargos. Pero si es aún más grave el Consejo de Seguridad podría intervenir.
“Está perfectamente contemplado y es perfectamente posible que el Consejo de Seguridad tome medidas cuando el incumplimiento del fallo afecte la paz y la seguridad internacional, incluso de tipo coercitivo, es decir, con fuerza militar”.
Lo que se pierde si Nicaragua gana
Al continuar los procesos, es importante mostrar cuáles son los escenarios a los que puede llegar la Corte respecto a las demandas de Nicaragua.
Según el profesor de derecho internacional de la Universidad de la Sabana Carlos Arévalo, en la primera demanda por incumplimiento del fallo del 2012, la Corte revisará si Colombia es responsable de haber vulnerado los derechos de Nicaragua, y en ese escenario hay tres posibles opciones.
“Cese la violación, es decir, que Colombia cumpla con el fallo; que haya una garantía de no repetición, es decir, que Colombia se comprometa a tomar medidas para que nunca vuelva a pasar; y que se repare a Nicaragua que lo ha solicitado, explica Arévalo.
En cuanto a la segunda demanda, que tiene que ver con la plataforma continental extendida que pide Nicaragua, lo más malo que podría suceder es que la Corte le dé la razón, porque Colombia perdería parte de su territorio en cuanto a suelo marítimo.
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"Es mejor soportar un siglo de dificultades diplomáticas que ceder un milímetro de la patria".
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y senador del Centro Democrático.
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“Si Colombia no cumple la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, se pone de espaldas al Derecho Internacional”.
Mauricio Herdocia asesor de la Cancillería de Nicaragua.
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Bancadas del Congreso respaldaron decisión del Gobierno de no acudir más a la CIJ.
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