Rousseff, en manos de un Senado inclinado a su destitución

EDUARDO DAVIS

EFE | LA PATRIA | BRASILIA

El mandato de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está desde ayer en manos del pleno de 81 senadores, después de que una comisión de esa cámara aprobó por una clara mayoría de 15 votos contra 5 que se avance hacia su destitución.

La comisión debatió durante 10 sesiones los méritos jurídicos de las acusaciones formuladas contra la presidenta y descartó por completo los alegatos de su defensa, así como rechazó que el proceso pueda suponer un golpe de Estado, como sostiene Rousseff.

El informe favorable a poner fin al mandato de la presidenta, elaborado por el instructor de la comisión, Antonio Anastasia, pasará ahora al pleno de los 81 senadores, que por mayoría simple definirá si la causa se archiva o si se instaura el juicio político.

En ese último caso, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso y sustituida en forma interina por su vicepresidente, Michel Temer, que desde hace semanas estudia la conformación de un eventual nuevo Gobierno.

Hasta ahora, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, está previsto que la votación en el pleno de la Cámara alta se realice el miércoles de la próxima semana, que pudiera ser el último día de Rousseff en el poder, al menos durante los próximos seis meses.

Si el eventual juicio político concluyera con la destitución de la mandataria, Temer completaría el mandato que vence el 1 de enero del 2019, pero, si fuera absuelta, Rousseff retomaría el cargo una vez que concluya el proceso.

Contra la presidenta

Sin embargo, la votación realizada ayer en la comisión dio una pauta de lo que puede esperar Rousseff la semana próxima y el futuro inmediato no parece alentar ninguna esperanza para la mandataria.

De las 15 formaciones presentes en la comisión, que tuvo 21 miembros e igual número de suplentes, 12 se pronunciaron a favor de aprobar el informe que propone la instauración del juicio con miras a la destitución de Rousseff.

El senador Raimundo Lira, presidente de la comisión, solo habría votado en caso de empate, pero aún así manifestó su apoyo al informe del instructor.

Sólo se opusieron el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y los partidos Comunista do Brasil (PCdoB) y Democrático Laborista (PDT), dos de las pocas formaciones que aún permanecen en la menguada coalición que respalda a la mandataria.

Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de maquillar sus resultados fiscales, que la defensa de la mandataria niega y considera unas meras faltas administrativas.

Según el informe aprobado ayer, sin embargo, esas maniobras violaron numerosos artículos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público.

El informe responde todos los argumentos de la defensa y critica la insistencia de Rousseff y sus partidarios en que hay un golpe en curso.

Rousseff, reiteró ayer que quienes pretenden desalojarla del poder quieren acabar con los programas sociales de su Gobierno.

"En América Latina, cuando no se quería una cierta política, se daba un golpe de Estado, pero antes era con las bayonetas y usando a las Fuerzas Armadas", declaró la mandataria en un acto en el que se firmaron contratos para la construcción de viviendas populares.

También reiteró que no dimitirá si el Senado instaura el proceso, pues renunciar sería "enterrar la prueba viva del golpe".

Destacado

La Fiscalía brasileña presentó ayer acusaciones contra 20 empresarios y políticos, algunos de ellos muy cercanos a la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, en el caso de corrupción en Petrobras. Entre los acusados figura el exsenador Gim Argello, próximo a Rousseff, quien fue denunciado por 14 delitos.