EFE | LA PATRIA | BRUSELAS
El expresidente catalán Carles Puigdemont contrató en Bélgica a un abogado especializado en defender a miembros de ETA, aunque no se ha tomado aún una decisión sobre la posibilidad de solicitar asilo en ese país tras las querellas presentadas ayer contra él por la Fiscalía española.
El abogado belga Paul Bekaert confirmó que ha sido nombrado “consejero” por Puigdemont, según el diario “L’Echo” y la cadena pública flamenca VRT.
“Tengo 30 años de experiencia en extradición y asilo político de vascos españoles, y probablemente por ello me haya llamado Puigdemont. Estoy familiarizado con la extradición y la orden de arresto europea”, agregó.
Bekaert, sin embargo, afirmó que “Puigdemont no está en Bélgica para pedir asilo político. Todavía no hay nada decidido en esta área”.
El abogado belga, cuyo despacho está ubicado en la localidad flamenca de Tielt, fue también defensor de la presunta etarra residente en Gante Natividad Jáuregui, que Bélgica rechazó entregar a España después de tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015.
El letrado aseguró que el expresidente catalán le ha pedido que “defienda sus intereses en el futuro” y que el encuentro de ayer fue “un primer contacto”.
El gabinete del primer ministro belga, el liberal Charles Michel, rechazó hacer ningún comentario sobre la visita a Bruselas de Puigdemont y cinco miembros del ya cesado Gobierno catalán.
En cambio, otras fuentes belgas afirmaron que, por el momento, no se ha producido ninguna demanda de asilo por parte de Puigdemont ni de sus consejeros, aunque en España el ya exdiputado Lluis Llach ha dado por hecho que se presentará esa solicitud de asilo.
Afirmaron, además, que Bélgica es un Estado de Derecho en el que las peticiones de asilo son tramitadas por instancias neutras.
Puigdemont llegó ayer a Bruselas, según confirmó el Gobierno español, después de que el fiscal general del Estado de España, José Manuel Maza, anunciara una querella por rebelión, sedición y malversación contra él y el resto del gobierno regional, así como otra querella contra la mesa del Parlamento autónomo.
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