Efe | LA PATRIA | Caracas
La gestión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se posiciona en un 17% de apoyo popular, mientas que la cifra de presos políticos aumenta y llega a 676.
El director de la encuestadora Danatálisis, José Antonio Gil, dijo que el 80% de los encuestados evalúa de forma negativa al gobernante.
Estos sondeos indican que 74% no espera que la solución a los problemas del país venga de la (Asamblea Nacional) Constituyente que se instaló hace una semana, conformada por al menos 500 personas leales al Gobierno e impulsada por el mismo Maduro.
Presos
Alfredo Romero, director de la organización de defensa de los derechos humanos Foro Penal, que ofrece asistencia jurídica a estos presos políticos, envió la lista de nombres de los 676 privados de libertad a la OEA para que la certifique.
En esta lista se encuentran entre otros el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y otros tres opositores.
Romero denunció la “ola de persecución" contra alcaldes no alineados con el chavismo algunos en la cárcel o dados a la fuga en los últimos días.
Entre estos últimos están el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Ramón Muchacho, y su homólogo del también capitalino municipio de El Hatillo David Smolansky, contra quienes el Tribunal Supremo dictó esta semana penas de prisión de 15 meses, además de suspenderles de sus cargos por permitir la instalación de barricadas en protestas contra Maduro en sus municipios. Por ahora, se desconoce el paradero de Muchacho y Smolansky.
Esta misma acusación llevó a la cárcel, al exilio o a la clandestinidad a otros alcaldes opositores que, como ellos, no acudieron a las audiencias al no reconocer la autoridad de unos jueces a quienes ven como ilegítimos y meros instrumentos del chavismo gobernante para seguir en el poder.
Denuncian detención
La ONG Provea denunció la detención del hijo del alcalde opositor venezolano Omar Lares, que tendría como supuesto fin presionarlo para que se entregue pues el funcionario se encuentra prófugo tras conocerse que fue sentenciado a prisión por presunta financiación de protestas.
Provea, que calificó el hecho como un secuestro indicó que Juan Pedro Lares, de 24 años, y de nacionalidad colombiana como la de su madre, fue detenido el 30 de julio durante una redada de la Guardia Nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia en el estado Mérida.
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