Pena de muerte alejaría a Turquía de occidente

EFE | LA PATRIA | BRUSELAS

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea advirtieron ayer a Turquía de que una deriva autoritaria, con la posibilidad de reintroducir la pena de muerte tras el intento de golpe de Estado evocada por su presidente, Recep Tayyip Erdogan, aleja al país de la senda hacia Europa y del Estado de derecho.

"Quiero dejar claro que aún consideramos Turquía como un socio", indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una rueda de prensa al término del Consejo, que tras debatir la situación en el país aprobó una declaración en la que recuerda a Ankara su compromiso con la pena de muerte.

Los ministros subrayaron a Turquía la necesidad de respetar la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el derecho de todo el mundo a un juicio justo.

Así, recordaron a Turquía sus compromisos contra la pena de muerte adquiridos como miembro del Consejo de Europa, y de que el rechazo inequívoco de la pena de muerte es un elemento esencial del acervo comunitario, en tanto que ese país es candidato a entrar en la UE.

Cacería de brujas

Miles de militares, policías, jueces, funcionarios y hasta conserjes turcos han sido destituidos o detenidos acusados de participar en el fallido golpe de Estado o de seguir a Fethullah Gülen, el predicador al que el Gobierno y el presidente, Recep Tayyip Erdogan, acusan de orquestar la asonada.

La supuesta implicación de este imam, residente en Estados Unidos desde 1999, volvió a ser señalada ayer sin dudarlo por el primer ministro, Binali Yildirim.

"Esto ha sido un golpe contra la democracia turca y está claro quién lo hizo. Todos sabemos que el imam Gülen está detrás de ello", sentenció el jefe del Ejecutivo.

Yildirim aseguró que en distintos ministerios hay funcionarios que se han unido a la organización terrorista, en referencia a Hizmet, la influyente red de seguidores de Gülen, que hasta hace apenas tres años fue un estrecho aliado de Erdogan y de su partido, el islamista AKP.

"Hemos empezado a limpiarlos", anunció el primer ministro.

Las cifras dadas por Yildirim confirman que se trata de una "limpieza" a fondo.

Unos 8 mil 777 funcionarios del Ministerio del Interior, entre ellos agentes, oficiales y altos mandos de la Policía y la Gendarmería, han sido destituidos. Otros 1.500 han sido apartados de sus cargos en otros ministerios.

Un total de 2 mil 745 jueves y fiscales han sido suspendidos, entre ellos cinco miembros del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, el cuerpo que decide sobre los nombramientos en la Judicatura.

Un gobernador provincial, 29 exgobernadores, 52 responsables de distritos, registradores de la propiedad, asesores judiciales e incluso 12 conserjes en edificios públicos han caído en esta depuración.

En esa lista no se cuentan los 7 mil 543 detenidos, entre policías, soldados, jueces, fiscales y civiles. Entre los arrestados hay 112 generales, casi un tercio de los 356 generales y almirantes que componen la cúpula de las Fuerzas Armadas turcas.

Cifras todas, de detenidos y destituidos, que Yildirim advirtió "van a cambiar", dejando claro que la purga continuará.

Los militares detenidos están acusados de conspiración para cambiar el orden constitucional por las armas, resistencia armada contra la autoridad, creación de una organización armada y, en algunos casos, de conspiración y realización de un ataque al presidente.

Entre ellos se cuenta el general Akin Öztürk, excomandante de las Fuerzas Aéreas turcas y señalado como líder del intento de derrocar al Gobierno, que aseguró ayer que no participó en la asonada y que incluso trató de detenerla.

Esta oleada de detenciones y destituciones continúa y acelera la purga iniciada hace dos años contra la presencia de seguidores de Gülen en puestos claves del Estado.

Puestos a los que en su día llegaron con el beneplácito de Erdogan y en los que fueron desplazando a los funcionarios de la vieja escuela kemalista y laica, introduciendo en la Administración pública una visión islamista, a favor del cumplimiento de las normas religiosas y una mayor segregación entre mujeres y hombres.

Aparte de las masivas destituciones y encarcelamientos, la resaca del intento de derrocar al Gobierno democráticamente elegido ha abierto el debate sobre la restauración de la pena de muerte, abolida definitivamente en 2004.

El primer ministro, Binali Yildirim, tiene previsto reunirse hoy con los líderes de las otras fuerzas parlamentarias para debatir si restauran la pena de muerte.