EFE | LA PATRIA | Trípoli
El Parlamento libio con sede en Tobruk votó ayer en contra del nuevo Gobierno de unidad nacional propuesto el pasado martes por el presidente del Consejo presidencial designado por la ONU, Mohamad Fayaz al Sarraj.
Isa al Aribi, miembro de la citada Cámara, informó a Efe que 89 de los 104 diputados presentes se negaron a reconocer el citado Ejecutivo, condición necesaria para que pueda comenzar a funcionar y recibir la ayuda prometida por la comunidad internacional.
"Los miembros del Consejo de Diputados mostraron su rechazo a la formación del Gobierno de Al Sarraj y pidieron recurrir al cuarto proyecto", dijo Al Aribi.
Los diputados justificaron su negativa en el hecho de que 32 ministros es un número "alto e innecesario" y concedieron al Consejo presidencial un plazo de 10 días para presentar "una lista más corta".
Además, insistieron en que el Consejo presidencial debe estar integrado por un presidente y dos vicepresidentes, conforme al cuarto borrador firmado en la ciudad marroquí de Sjirat y rechazado por el Congreso Nacional General (instalado en Trípoli), añadió.
"Hemos fijado un plazo de 10 días para que el Consejo presidencial cambie de gobierno", explicó a Efe el diputado Abu Bakr Buira.
El Gobierno, repartido entre las tres principales provincias del país, fue nombrado hace una semana por Al Sarraj, el hombre al que la ONU eligió para dirigir el Consejo presidencial, que tampoco ha sido respaldado por ninguno de los gobiernos rivales en Libia.
Nada más conocerse su composición, representantes del Ejecutivo con sede en Trípoli ya advirtieron que no estaban dispuestos a reconocer su autoridad.
Los diputados volvieron a dejar en suspenso, además, el acuerdo de paz firmado en la ciudad marroquí de Sjirat a finales del pasado año y que permitió la formación del citado Consejo presidencial al rechazar igualmente la cláusula que insta a ceder el poder militar al primer ministro.
La decisión está en consonancia con el respaldo que la Cámara de Tobruk da al conflictivo general Jalifa Hafter, un antiguo miembro de la cúpula militar gadafista que tras pasar por la oposición al dictador se ha convertido en la actualidad en el principal escollo para la paz en Libia.
El citado Parlamento insiste en que Hafter, al que apoyan militar y financieramente Egipto y Arabia Saudí, asuma el mando de la futura fuerza conjunta, una exigencia que el Parlamento de Trípoli rechaza frontalmente.
El general, de 72 años, mantiene bajo asedio la ciudad de Bengazi, la segunda en importancia del país y controlada por Trípoli desde mayo del 2014 en un conflicto que ha causado miles de desplazados internos y que ha abierto algunos barrios a la entrada de grupos yihadistas.
La decisión mantiene en el aire la supuesta legitimidad de Al Sarraj, quien aún así prosiguió ayer sus esfuerzos diplomáticos en busca en el exterior de un reconocimiento que se le niega en su propio país.
El jefe del Gobierno de unidad y del Consejo presidencial designado por la ONU viajó a Argelia, donde fue recibido por el ministro argelino de Asuntos Magrebíes, de la Unión Africana y de la Liga Árabe, Abdelkader Mesahel, y se reunió con el primer ministro, Abdelmalek Selal.
"Mi visita se inscribe en el marco de la profundización y el desarrollo de las relaciones privilegiadas entre Argelia y Libia, unidas por denominadores comunes", declaró Al Sarraj a la prensa local.
La oficina del primer ministro argelino indicó, por su parte, que la visita de Al Serraj se enmarca en el deseo de Argelia de "continuar con sus esfuerzos para llegar a una solución política consensuada entre los libios".
"Será una oportunidad para evaluar la situación en Libia y en la región a la luz de los últimos acontecimientos y para examinar las perspectivas de creación y consolidación de las relaciones bilaterales de cooperación en los diversos ámbitos", añadió la misma fuente.
Contexto
Libia es un Estado fallido, víctima de la guerra civil y el caos, desde que en el 2011 la comunidad internacional apoyó militarmente el alzamiento rebelde contra la dictadura de Muamar al Gadafi.
Desde las últimas elecciones, el poder está dividido entre Tobruk y Trípoli, gobiernos a los que apoyan distintos grupos islamistas, señores de la guerra, líderes tribales y contrabandistas de armas, petróleo, personas y drogas.
Del enfrentamiento se aprovechan grupos yihadistas vinculados al terrorista Estado Islámico y a la organización de Al Qaeda en el Magreb Islámico, que han ganado terreno y extendido su influencia al resto del norte de África.
Las disputas sobre la legitimidad del Gobierno de unidad nacional se producen en medio de una ofensiva yihadista lanzada hace dos semanas para tratar de hacerse con el control de los puertos petroleros de Sidrá y Ras Lanuf, los más importantes del país, que permanecen desde entonces bajo asedio.
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