"Opositores en Venezuela, en libertad condicional"

Para el exgobernador del estado Táchira, César Pérez vivas, el gobierno venezolano ha recurrido nuevamente al argumento de la persecución judicial y policial, para tratar de silenciar la protesta que sectores importantes de la sociedad venezolana llevan adelante, exigiendo un cambio profundo en las políticas que el gobierno adelanta, tanto en materia económica, como de gestión de las instituciones del estado.

En este sentido señaló la importancia del mensaje de la Conferencia Episcopal Venezolana, emitido este miércoles, “el cual recomienda claramente al gobierno un cese de la persecución política y le dice que las protestas no van a encontrar una solución por la vía de la represión y la persecución, y lo que estamos apreciando estos días en Venezuela, y especialmente en el Táchira, es una cacería de brujas contra toda expresión de disidencia política”.

A juicio del exgobernador tachirense, el gobierno de Nicolás Maduro no garantiza a la dirigencia democrática del país los derechos constitucionales de la libre expresión del pensamiento y la libre acción política, los cuales considera inherentes a la sociedad democrática.

"A través de diversos factores de poder, el gobierno pretende tener una oposición que no hable, que no se exprese”, aseguró al tiempo de afirmar que los canales para expresarse están cerrados y citó como ejemplo lo sucedido en la Asamblea Nacional con María Corina Machado y en el parlamento tachirense con la suspensión del sueldo aplicada a los diputados opositores Gustavo Delgado y Miguel Reyes.

“Cuando una institución como el Parlamento cierra sus puertas para que los representantes de una corriente de pensamiento distinta expresen los reclamos, las ideas y los puntos de vista de esos sectores y cercena ese derecho, no deja otro camino a la gente que expresarse en las calles".

"Pero cuando lo hacen surge entonces con toda fuerza una represión institucional o una represión para institucional, que es lo que ha venido sucediendo con estos grupos armados al margen de la ley, que bajo la protección de este gobierno han salido a asesinar y a dañar propiedades, para que el gobierno luego tenga una propaganda en contra de los factores democráticos, acusándolos de cometer hechos que el propio gobierno está impulsando a través de estos grupos paramilitares”.

Emplazó al jefe del Comando estratégico Operacional, Vladimir Padrino y al gobernador del Táchira José Vielma Mora, a explicar qué ha sucedido con las investigaciones de las muertes de Daniel Tino y Wilfredo Rey, fallecidos presuntamente a manos de estas bandas armadas durante los días de protesta, al tiempo que señaló que hasta el momento no hay esfuerzos serios por detener y desarmar a estos grupos por el gobierno nacional o regional.

“Estamos frente a un estado que promueve y protege la violencia en Venezuela y el derecho que tenemos los venezolanos y los dirigentes políticos de denunciar esta situación y exigir que la justicia se aplique también a esos sectores, se convierte en una de las razones para ser criminalizado, desacreditados o enjuiciados”, dijo Pérez Vivas al señalar que estos grupos hay una total impunidad.