Efe | LA PATRIA | Caracas
A 37 ascendió el número de muertos durante las manifestaciones contra la propuesta del presidente, Nicolás Maduro, al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela.
La última víctima es el joven Miguel Medina, de 20 años, quien falleció ayer en el estado Zulia tras pasar nueve días hospitalizado debido a una herida que sufrió durante una protesta.
La opositora Asociación de Alcaldes por Venezuela anunció que no participará en el proceso de la Constituyente, pues considera que es un fraude a la Constitución vigente en el país.
El alcalde del municipio Baruta, el opositor Gerardo Blyde, en representación de 80 alcaldes del país, dijo al Gobierno que si quiere "medirse lo que toca este año son elecciones de gobernadores y alcaldes" y agregó que incluso para la medición del presidente de la República, antes de tiempo, existe también un mecanismo en la Constitución como "la enmienda".
Es una estafa
Blyde consideró que el decreto firmado por Maduro no contempla el voto "universal" porque, argumentó, cuando se plantea una elección de constituyentes por sectores "estafan" al ciudadano.
La ONU también se refirió a la propuesta y dijo que cualquier proceso o reforma constitucional en Venezuela debe ser transparente e incluir todos los puntos de vista políticos y sociales.
El alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, subrayó el pasado lunes que medidas de "mano dura" y la supresión de voces disidentes no ha aportado nada para calmar la agitación, sino todo lo contrario, la ha alentado".
"Instamos a un nuevo diálogo" entre el Gobierno y la oposición, señaló la portavoz.
Entre tanto, los alcaldes opositores reiteraron que han "recibido amenazas" que han sido "públicas" por voceros del Gobierno con el fin de causar intimidación, por las manifestaciones antigubernamentales que se han realizado desde hace un mes en el país.
Además, ratificaron su decisión de "garantizar la protesta pacífica" y rechazaron los actos de violencia que en medio de las marchas iniciadas el pasado 1 de abril han dejado 37 muertos y al menos 700 heridos.
Uso de la fuerza el legal
El ministro de Educación de Venezuela, Elías Jaua, dijo que el uso de la fuerza como respuesta del Estado venezolano a las protestas opositoras ha sido "legal, proporcional y diferenciado".
Jaua aseguró que los manifestantes armados "han ocasionado la muerte de cinco efectivos policiales, militares, guardia nacional (GNB, policía militarizada" y que las fuerzas de seguridad, en cambio, han respondido "con agua de propulsión, bombas lacrimógenas y contención física" de los que protestan.
"Hasta ahora el Estado venezolano no ha autorizado el uso de armas de fuego, incluso contra manifestantes armados, porque nosotros somos (...) una nación democrática, respetuosa de los derechos humanos", señaló.
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