Miriam Burgués
Efe | LA PATRIA | Washington
El demócrata Barack Obama, el primer presidente negro de EE.UU., culminará en solo un día sus ocho años de mandato, marcados por la ausencia de escándalos y un legado controvertido que en su mayoría quiere desmantelar su sucesor, el republicano Donald Trump.
Obama promulgó una compleja reforma sanitaria en el 2010, su mayor logro en materia legislativa, y defendió como progresos en el ámbito internacional para los intereses de EE.UU. los acercamientos a Cuba e Irán.
Además, como él mismo dijo en una entrevista con la cadena CBS, aunque no pudo cambiar del todo Washington, sí cree que transformó algunas cosas que estaban bajo su control directo, como ser el primer Gobierno "en la historia moderna que no ha tenido un gran escándalo en la Casa Blanca".
No obstante, Obama no logró poner fin, como prometió, a las guerras en Irak y Afganistán, donde EE.UU. sigue teniendo tropas para luchar contra los insurgentes, tampoco pudo cerrar la cárcel de Guantánamo y se va entre acusaciones de que no hizo lo suficiente por tratar de resolver el conflicto en Siria.
Obama tenía puestas sus esperanzas en la excandidata demócrata a la Casa Blanca y su ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, para dar continuidad a sus políticas durante los próximos cuatro años, pero le sorprendió y descolocó, como a casi todos, la victoria de Trump en las elecciones de noviembre.
Y Trump prometió tomar acciones desde su "primer día" en el Despacho Oval contra la reforma sanitaria de Obama, conocida popularmente como Obamacare y que ha permitido acceder a cobertura médica a unos 22 millones de estadounidenses.
Política exterior
Obama también se marcha sin ninguna certeza sobre la suerte que correrán sus dos éxitos más notables en política exterior: el pacto nuclear con Irán y el restablecimiento de las relaciones con Cuba.
El acuerdo con Irán ya tenía desde que se firmó en el 2015 muchos enemigos en el Congreso de EE.UU. y ahora Trump dijo que lo quiere "romper" o al menos renegociar aunque, fiel a su estilo, sin dar detalles de cómo lo hará.
Sin embargo, el elegido por Trump para encabezar el Departamento de Defensa, el general retirado James Mattis, mostró esta semana durante su audiencia de confirmación en el Congreso su apoyo al pacto nuclear con Teherán.
Sobre Cuba, el presidente electo sí fue más explícito y, a raíz de la muerte del expresidente Fidel Castro, amenazó con poner fin al acercamiento con la isla si el Gobierno que encabeza Raúl Castro no está dispuesto a sellar "un acuerdo mejor".
Para terminar de amarrar esa normalización con Cuba, Obama anunció el fin de una política ejecutiva adoptada en 1995 que devolvía a la isla a los cubanos indocumentados que interceptaba en el mar (pies mojados), pero admitía a los que lograban tocar tierra (pies secos), quienes podían solicitar la residencia permanente un año después de su llegada.
Consciente de que Trump está menos preparado que otros presidentes electos para ocupar el cargo, dada su falta de experiencia política, Obama adoptó desde los comicios un tono conciliador y pidió a los ciudadanos, de EE.UU. y del resto del mundo, que den una oportunidad al que será su sucesor.
Que cierre Guantánamo
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente de EE.UU., Barack Obama, no dejarle abierta a su sucesor la cárcel de la base militar de Guantánamo.
La directora ejecutiva de AI, Margaret Huang, le envió una carta en la que le pide cumplir su compromiso electoral de cerrar esa cárcel durante su mandato.
Huang, que en una declaración calificó la prisión de símbolo vivo de los abusos a los derechos humanos en EE.UU., recordó que la mayoría de las personas que permanecen encerradas en ella nunca han sido acusadas y mucho menos juzgadas por ningún crimen.
El presidente electo indicó que, en lugar de cerrar Guantánamo, le gustaría aumentar los detenidos o intentar volver a la tortura sistemática y a gran escala de sospechosos de terrorismo, aseguró la máxima directiva de AI.
El presidente Barack Obama se comprometió a cerrar la prisión durante su segundo mandato a través del traslado de presos a territorio nacional y la liberación de otros, objetivo que se topó con el rechazo de la oposición republicana en el Congreso.
El Gobierno ha ido trasladando los presos considerados no peligrosos, con lo que quedan 45, lejos de los cerca de 800 que llegó a albergar la prisión tras su apertura en el 2002 por orden del entonces presidente, George W. Bush, en respuesta a los atentados del 11 de septiembre del 2001.
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