EFE | LA PATRIA | MANAGUA
Nicaragua se vio ayer semiparalizada por un nuevo paro nacional, el quinto contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega desde que se inició en abril del año pasado la crisis sociopolítica y que deja cientos de muertos y de detenidos, y miles en el exilio.
La huelga general, de 24 horas y convocada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación, se realizó en medio de amenazas del Ejecutivo de sancionar a los negocios que se sumaran a la misma y de una alerta amarilla en los departamentos del Pacífico y una verde en la región Central por las lluvias.
La huelga, que se llevó a cabo bajo el lema Vamos a paro por la libertad de todos los denominados presos políticos, estuvo apoyada por los negocios afiliados al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y a la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), principales cúpulas patronales del país.
También por pequeños y medianos negocios, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, partidos políticos, un gran número de activistas y trabajadores por cuenta propia.
Entre las empresas que sí abrieron sus puertas están los bancos, que en un comunicado explicaron que lo hicieron por una orden de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), regulador del sector.
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), que aglutina a los seis entidades financieras que operan en el país, dijo que la Siboif les ordenó abrir porque tenían la obligación de prestar ininterrumpidamente los servicios de intermediación financiera y otros servicios con recursos públicos.
Otros negocios que abrieron reportaron escasa clientela y bajas ventas.
Propietarios de pequeñas y medianas empresas, que se sumaron al paro, denunciaron que sus negocios eran fotografiados por agentes de la Policía Nacional o simpatizantes del Gobierno, y temen se tomen represalias.
Durante la jornada, el cierre de establecimientos fue notorio, aunque no total.
Este es el quinto paro nacional de los nicaragüenses contra el Gobierno de Ortega en 13 meses, de los cuales 4 consistieron en la suspensión de toda actividad económica y social, y uno fue como huelga de consumo.
Sectores políticos de la oposición calificaron como "necesario y oportuno" el paro nacional contra el Gobierno para que cumpla con la liberación de presos, y respete los derechos y garantías ciudadanas.
También para mostrar a la comunidad internacional que la sociedad nicaragüense no está paralizada, y mantiene el espíritu de lucha.
Crisis
Nicaragua enfrenta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deja 325 muertos desde abril del año pasado. Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
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