EFE | LA PATRIA | MANAGUA
El Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia comenzarán hoy una nueva mesa de negociaciones para buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país, en medio de un ambiente de desconfianza.
Las negociaciones se reanudarán en medio de una creciente presión externa en contra del Gobierno sandinista y la caída de la economía, que se contrajo un 4% en 2018, aunque también bajo el temor que se trate de una estrategia de Ortega para ganar tiempo de cara a las elecciones del 2021, según diversos sectores.
La mesa de negociaciones se instalará siete meses después que se suspendiera de forma indefinida el diálogo nacional que comenzó a mediados de mayo del 2018, después de que grupos oficialistas atacaran a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.
La semana pasada el presidente Ortega convocó la reanudación de las negociaciones con el fin de superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y otros miles en el exilio.
Ortega no ha dado a conocer la agenda del Ejecutivo, solo que la mesa de diálogo se instalará ahora con menos actores y que esta vez no será televisada, como sí lo fue la primera sesión del anterior intento, porque "eso no es correcto en una negociación".
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó que su Gobierno privilegiará la "paz" en el diálogo.
La Alianza Cívica anunció que plantearán en la nueva mesa de negociaciones la liberación de los detenidos por protestar contra el Gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política.
También reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril del 2018.
Previo a las negociaciones, el Poder Judicial, controlado por el oficialismo, suspendió al menos tres juicios contra manifestantes opositores. Hasta ahora se desconoce la razón, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre si el presidente Ortega utilizará "como rehenes" a los reos durante las negociaciones, como ha denunciado al Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos.
La liberación de los manifestantes, considerados "presos políticos" por los defensores de los derechos humanos y "terroristas" o "golpistas" por Ortega, es una exigencia de sectores de la sociedad nicaragüense para el inicio de las negociaciones, a lo que el presidente no se ha referido.
Previo a que se convocara a la reanudación del diálogo, Ortega recibió a una delegación de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que le planteó la "liberación de los presos políticos".
Al respecto, el Gobierno de Nicaragua invocó que a su entender las personas detenidas han sido objeto del debido proceso.
El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
Para el excomandante de la revolución sandinista, Luis Carrión Cruz, el presidente Ortega llega débil al diálogo, pero buscará cómo "neutralizar" el aislamiento y las sanciones internacionales en su contra.
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