Nicaragua cede a firma china proyecto para construir canal

AGENCIAS | LA PATRIA | Managua

Nicaragua cedió ayer a una empresa china una concesión por 50 años, prorrogables por otro tiempo igual, para la construcción y administración de un canal que permita el paso de grandes buques entre el Atlántico y el Pacífico. La obra tocaría las aguas con las que el país centroamericano se quedó tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le quitó soberanía a Colombia sobre 75 mil kilómetros cuadrados de mar Caribe.

En una maratoniana sesión, que tuvo de antesala una manifestación en las afueras del Congreso, dos proyectos de ley que ceden la obra a la compañía china HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), fueron aprobados por la mayoría sandinista (61 votos), que controla el Parlamento, de 92 diputados.

El primer proyecto se refiere a las amplias concesiones que se le dan a la empresa para construir la vía acuática, y el segundo, a las facilidades para levantar las obras auxiliares como puertos, aeropuertos y carreteras.

El presidente de la firma, Wang Jing, en un comunicado se declaró "honrado de tener la oportunidad de desarrollar este proyecto de transformación que tiene el potencial de traer beneficios económicos enormes a largo plazo para Nicaragua, la región, los transportistas internacionales y los consumidores de todo el mundo".

La firma calcula que para el 2030 el volumen de las transacciones comerciales a través del canal de Nicaragua habrá aumentado un 240 % con respecto a las cifras actuales. También, que el valor de los bienes transportados por los canales de Nicaragua y Panamá podría superar los 1,4 billones de dólares, "por lo cual esta ruta mercantil se transformaría en una de las más importantes del mundo".

Las protestas

Dentro y fuera del hemiciclo legislativo, con pancartas y discursos, los adversarios al megaproyecto acusaron al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de ser "vendepatria" y "entregar la soberanía" del país a la HKND Group.

La jornada estuvo marcada por una protesta convocada por 20 organismos y movimientos sociales, incluidos partidos de oposición, contra la concesión para construir el canal. Mientras, dentro del hemiciclo la oposición, que cargó una bandera nacional y un lazo negro en señal de luto, denunció las leyes aprobadas como "inconstitucionales, fraudulentas y lesivas a los intereses de Nicaragua".

Los manifestantes, tras una fuerte lluvia, intentaron, sin éxito, tumbar un portón para ingresar a la Asamblea Nacional, y lanzaron bolsas con pintura rosado fucsia, el color que utiliza el Gobierno sandinista en su propaganda oficial.

"Estamos comenzando la lucha contra la entrega que está haciendo Ortega de nuestra soberanía, de nuestro territorio, a una empresa de fachada, en la que seguramente su familia tiene intereses económicos", dijo a Efe la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, opositora al Gobierno.

La presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a Efe que Ortega "es el principal responsable de la traición a Nicaragua", porque, a su juicio, "entrega prácticamente todo el territorio del país" a la firma china. También lo responsabilizó de autorizar la destrucción del "mayor reservorio de agua (Gran Lago o Lago Cocibolca)", por donde pasaría el canal.

Posibles beneficios

Los sandinistas destacaron las bondades económicas que traería la construcción del Gran Canal Interoceánico, obra que, según el Gobierno, durará unos 10 años y costará 40.000 millones de dólares, datos que no han sido confirmados por la firma.

La obra incluiría un canal húmedo para naves y uno seco ferroviario, oleoductos, puertos, pistas aéreas y zonas de libre comercio en los litorales Caribe y Pacífico.

El Gobierno sandinista calcula que, si la construcción del canal se inicia en mayo de 2014, el crecimiento económico del país sería del 10,8 % en 2014 y del 15 % en 2015.

Por su lado, la empresa china anunció que han "contratado a un equipo internacional de expertos de primer nivel para apoyar los estudios de viabilidad", y que la consultora global de sostenibilidad ERM conducirá un análisis para evaluar de manera independiente el impacto medioambiental y social.

Banco del ALBA, interesado

El presidente del Banco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (BALBA), el venezolano Rafael Isea, anunció en Managua (Nicaragua) el interés de esa institución de invertir en el proyecto de construcción de un canal interoceánico. Adelantó que el BALBA, que nació en 2008 a iniciativa de los gobernantes de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, transmitirá a los jefes de Estado de esos países ese interés "para que podamos ayudar a Nicaragua a que ese canal se pueda concretar en el menor tiempo posible".

"Fallo contra Colombia no está en firme"

Bogotá. El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que le quitó a Colombia 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial en el Caribe, aún no está en firme, de acuerdo con la excanciller colombiana Noemí Sanín Posada. Según ella, el derecho internacional establece que, ante nuevos hechos que se han presentado, la CIJ tendría que revisar la decisión.

Se refiere la exministra de Exteriores al anuncio de Nicaragua de entregar en concesión a una empresa china la construcción de un canal interoceánico. “Aunque algunos expertos piensen lo contrario, en mi opinión el hecho nuevo es que Nicaragua subrepticiamente estaba negociando el canal con una empresa china antes de producirse el fallo, y para ello necesitaban de nuestras aguas. Antes del fallo firmaron el memorando de intención porque una jueza ya lo conocía y no se declaró impedida”, asegura.

La excanciller se refiere a la jueza Xue Hanqin, designada por China para formar parte del tribunal que falló en contra de Colombia el pasado 19 de noviembre el diferendo limítrofe con Nicaragua por la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Sanín considera que la jueza Hanqin debió declararse impedida por varias razones: “fue embajadora económica del sudeste asiático entre 2008 y 2010, y como tal conoció de los negocios de China, y lo que se fraguaba de forma discreta con Nicaragua. Además, seis meses antes del fallo conoció la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua que mediante la Ley 800 daba los servicios del canal, y establecía que 51 % era para Nicaragua y 49 %, para aliado estratégico”.

“Si la juez se declara impedida y dice que se está negociando con una empresa china la construcción del canal, eso obliga a que el fallo hubiera sido distinto”, concluye.