Negociadores responden sobre lo pactado con las Farc

SARA GÓMEZ ARMAS

EFE | LA PATRIA | LA HABANA

El acuerdo sobre justicia transicional alcanzado por el Gobierno y las Farc supone un fuerte espaldarazo a la firma de la paz, que deberá ser sólida, con mecanismos que no echen por tierra lo pactado; y que no dejará impunes los delitos más graves para garantizar su reparación.

La relevancia de este acuerdo sobre justicia transicional, el principal escollo durante meses en las negociaciones, allana el camino hacia el acuerdo definitivo de tal forma que las partes se han dado ya un plazo de seis meses para firmar la paz.

"Esto es para culpables, no para inocentes. (...) El inocente siempre estará tranquilo. Es un sistema para actores del conflicto que hayan sido responsables", subrayó Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, un sistema que incluye a miembros de las Farc, agentes del Estado que "hayan desviado sus propósitos constitucionales" y "no combatientes que financiaran o apoyaran a grupos al margen de la ley".

Quedarán fuera de la jurisdicción especial los responsables de delitos políticos, ya que tras la firma del acuerdo, el Estado brindará una amnistía lo más amplia posible para ellos.

Resaltó que este sistema de justicia ofrece garantías no solo a las víctimas, con "reparación y verdad"; sino también a los responsables, ya que se asegura que las penas obtenidas en esa jurisdicción especial no podrán ser modificadas por otros tribunales, ante un posible cambio de Gobierno en el país.

Explicó que una vez que el acuerdo final de paz sea suscrito y, lo más importante, refrendado por los colombianos, se aprobarán normas jurídicas vinculantes, "proyectadas a futuro de manera que lo acordado no pueda ser echado atrás por las vicisitudes de cualquier gobierno nuevo".

"Esto tiene que quedar consolidado y tiene que estar para el final del mandato del presidente Santos (agosto de 2017) en pleno proceso de implementación", subrayó.

Sobre cuándo se instaurará el tribunal especial que juzgará y sancionará los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra; De la Calle aclaró que no se producirá hasta la firma y refrendación del acuerdo final, pero avanzó que será un sistema de justicia "autónomo, independiente y con garantías".

Más razones

El negociador gubernamental Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz de Colombia, destacó la importancia de ese sistema de justicia basado en el reconocimiento, ya que, "si algo ha faltado en Colombia, no sólo ha sido conocer más sobre lo que pasó, sino también reconocer, poner la cara".

Jaramillo insistió en que los crímenes "que más duelen a los colombianos", como el secuestro, la ejecución, el desplazamiento, el reclutamiento de niños o la violencia sexual; "no serán amnistiados y recibirán las sanciones adecuadas en función de los niveles de reconocimiento".

El negociador subrayó que reconocimiento no implica impunidad, ya que para los que no vayan a la cárcel en todo caso habrá una restricción efectiva de la libertad, es decir, "estará en un lugar específico bajo un régimen de vigilancia y control" y "no dando saltos por los municipios de Colombia".

Ninguna de las partes ha precisado cuáles serán esos lugares de "restricción de libertad" en los que los sancionados cumplirán sus penas.

Para el caso de la guerrilla, recordó que el primer paso para acogerse a la jurisdicción especial para la paz será entregar las armas, que deberán hacerlo en un plazo de 60 días desde la firma del acuerdo final.

"Está claro que las Farc no van a entregar las armas al Gobierno, pero sí las van a entregar a alguien que de manera verificable pueda demostrar que esas armas fueron destruidas y no están en poder de la guerrilla", indicó Jaramillo, aunque señaló que la fórmula de entrega todavía tiene que ser objeto de discusión en la mesa.

El equipo negociador del gobierno aclaró que el acuerdo alcanzado ayer con la guerrilla aún no define qué pasará con la extradición, pues ésto lo establecerá el acuerdo final.