Efe | LA PATRIA | México
Los familiares de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre pasado en el municipio mexicano de Iguala aseguraron que mientras "no haya pruebas" de que están muertos, seguirán exigiendo la búsqueda de sus hijos "vivos", y acusaron al Gobierno de torturarlos de "manera descarada".
Felipe de la Cruz, portavoz de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, acusó al Gobierno de seguir "torturando de manera descarada a los padres" y de intentar tratar de cerrar el caso antes del viaje del presidente Enrique Peña Nieto a Asia, una muestra -dijo- de su "irresponsabilidad" ante los problemas del país.
El fiscal general, Jesús Murillo, reveló que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados por miembros del crimen organizado para no dejar rastro, según el testimonio de tres detenidos que participaron en los hechos.
Las cenizas de los jóvenes fueron metidas en bolsas y tiradas a un río. Una de las bolsas se encontró cerrada y sus restos van a ser analizados en una universidad de Austria, aunque la identificación tardará mucho tiempo por su estado de calcinación.
Pruebas
"Queremos decirle que como padres de familia no aceptamos de ninguna manera esa declaración que ha dado (el fiscal) porque incluso él ha dicho que no tiene la certeza de que eso cea cierto", apuntó una madre de uno de los jóvenes que no quiso identificarse.
Explicó que no están "cerrados a resultados", pero lo que necesitan son las pruebas. "Sea cual sea el resultado lo aceptaremos, pero con pruebas", afirmó.
En su opinión, el Gobierno mexicano "ha sido rebasado por este problema", por lo que es necesario que intervengan organismos internacionales para intensificar la búsqueda.
Los padres denunciaron que Peña Nieto no ha cumplido su petición de que intervenga un equipo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ni tampoco el resto de los diez puntos que acordaron con él en una reunión la pasada semana.
"Estamos luchando por la verdad. Esa verdad tiene que ser a través del resultado de un estudio científico para la identificación de los cuerpos, no puede ser solamente el testimonio de los detenidos porque eso sería una irresponsabilidad por parte de la Procuraduría y el Gobierno federal", dijo otro de los padres.
Continuar con las pesquisas
Diversos sectores de la sociedad mexicana recibieron con reserva las declaraciones del fiscal general, Jesús Murillo, y exigieron continuar las pesquisas hasta esclarecer el caso.
La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que pertenecen los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, convocó a la sociedad a "salir a las calles para que nos acompañe a romper el muro de la impunidad elevando nuestras voces de exigencia para que los 43 estudiantes sean presentados con vida lo más pronto".
En tanto, el político izquierdista Andrés Manuel López Obrador denunció que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto "quiere dar carpetazo al crimen" para que "México regrese a la normalidad como si fuese un asunto menor".
Amnistía Internacional (AI)
AI indicó en un comunicado que las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en relación con los hechos del 26 de septiembre en el municipio mexicano Iguala "han sido limitadas e incompletas".
Asimismo, deploró que en este caso haya "funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones a los derechos humanos".
"Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
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