DAVID BLANCO BONILLA
EFE | LA PATRIA | LIMA
El apoyo político al gobierno transitorio de Perú, que preside el legislador Manuel Merino, comenzó a evidenciar ayer sus primeras fisuras en el Congreso, que se sumaron al masivo rechazo ciudadano y a las críticas internacionales por el uso excesivo de la fuerza para reprimir las movilizaciones en su contra.
Tras las multitudinarias protestas que se presentaron el jueves a nivel nacional, dos bancadas legislativas que en principio apoyaron la toma de mando de Merino anunciaron que no darán la confianza al gabinete que preside el conservador Ántero Flores-Aráoz.
Mientras que Merino se mantiene en silencio, a pesar de las numerosas críticas a su legitimidad, países como Inglaterra, EE.UU. y España se sumaron a los pronunciamientos de organizaciones internacionales como la ONU para que se respete el proceso democrático y el derecho a la protesta en Perú.
Fisuras en el Congreso
Merino, quien era presidente del Congreso, juró el martes como presidente de transición de Perú después de que 105 de los 130 legisladores destituyeron a Vizcarra por "incapacidad moral" tras las denuncias, aún en investigación preliminar, de que recibió sobornos cuando fue gobernador de la región Moquegua (2011-2014).
Sin embargo, el sólido respaldo parlamentario a la salida de Vizcarra fue rechazado de manera masiva por los peruanos, quienes consideran que aquel debió terminar su mandato el próximo 28 de julio para luego ser investigado y, de ser necesario, procesado.
Presidente en silencio
A pesar de la gran inestabilidad política que afronta su país, Merino no ha hecho ninguna aparición en público ni ha emitido algún pronunciamiento en las últimas horas.
Sin embargo, envió un oficio al secretario general de Acción Popular para que le concedan licencia a su militancia partidaria hasta el 28 de julio del 2021, cuando debe culminar su mandato.
En el documento, que fue publicado por medios locales, Merino dijo que desea "mantener libre de responsabilidad al partido de cualquier acto de gobierno" y aseguró que durante la votación del lunes pasado todos los integrantes de su bancada actuaron "con plena libertad de conciencia, total independencia, convicción y ajenos a cualquier influencia del partido".
El gobernante sostuvo esto después de que un colega afirmase el jueves que hubo presiones al interior de su bancada para que los parlamentarios votaran por la destitución bajo la amenaza de que sus proyectos no serían aprobados.
Maniobra ante el Constitucional
El gobierno de Merino busca evitar que el Tribunal Constitucional (TC) lo declare inconstitucional e intentó interferir en la demanda que Vizcarra presentó hace un mes y medio para que el alto tribunal defina los alcances de una destitución por "incapacidad moral".
Esto quedó en evidencia luego de que se supiera que la nueva ministra de Justicia, Delia Muñoz, pidió la renuncia del procurador general, Daniel Soria, que ejerce la defensa del Estado en este caso, al argumentar que el Ejecutivo haría "un cambio en la estrategia" sobre este asunto.
Aunque esa información fue revelada por el mismo Soria, Muñoz evadió confirmarla, pero aseguró que "nunca" dijo que se iba a desistir de la demanda y admitió que "aún no está definida cuál va a ser la estrategia" sobre el caso.
El gobierno de Vizcarra presentó la demanda ante el TC tras el primer intento de destitución por "incapacidad moral" que enfrentó en septiembre pasado, aunque el tribunal aplazó su decisión por un plazo que vence la próxima semana.
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