Lula termina encerrado en el país que gobernó

EDUARDO DAVIS

EFE | LA PATRIA | BRASILIA

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no puede abandonar el país desde ayer y espera por unas decisiones judiciales que puedan impedir su encarcelamiento, tras ser condenado a 12 años de reclusión por corrupción.

A través de sus abogados, Lula entregó en un tribunal de Sao Paulo su pasaporte, en cumplimiento de una orden dictada por un juez de Brasilia que alertó sobre la posibilidad de que el expresidente no volviera al país tras un viaje que tenía planeado hacer ayer a Etiopía.

Lula iba a participar en un evento sobre el combate al hambre en el mundo convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Adis Abeba, en una Cumbre de la Unión Africana.

Sin embargo, después de que el pasado miércoles un tribunal de segunda instancia ratificó y amplió de 9 a 12 años la pena dictada contra Lula por un juez inferior, una corte de Brasilia prohibió que el expresidente abandone el país.

En su decisión, el juez Ricardo Leite, responsable de otra de las seis causas penales que todavía enfrenta Lula, argumentó que "es público" que "algunos aliados políticos del expresidente, que buscan politizar los procesos judiciales, han pensado hasta en un eventual pedido de asilo" en otro país.

A pesar de su cada vez más complicada situación jurídica, y en un paso más de la defensa "política" de su fundador y máximo líder, el Partido de los Trabajadores (PT) ratificó el jueves a Lula como su candidato a presidente para las elecciones de octubre próximo.

El futuro de esa proclamación, sin embargo, está en manos de los tribunales, debido a que una ley sancionada en 2010 por el propio Lula prohíbe expresamente que una persona que ha sido condenada en segunda instancia se postule a un cargo electivo.

La posible impugnación de la candidatura de Lula, no obstante, solo puede ocurrir a partir del 15 de agosto, cuando vence el plazo para la inscripción de candidatos en el Tribunal Superior Electoral, que tendrá la última palabra sobre ese asunto.

Más allá de la posibilidad de que su candidatura sea rechazada, Lula también corre el riesgo de que el tribunal de segunda instancia que ratificó su condena decida ejecutar la pena una vez agotadas las apelaciones que su defensa puede presentar ante esa misma corte.

Si esas apelaciones fueran rechazadas, Lula aún tendría derecho a recurrir ante tribunales superiores, lo cual podría postergar una eventual decisión de enviarle a prisión.

No obstante, una decisión cautelar adoptada en 2016 por la Corte Suprema determinó que una pena dictada por un tribunal de segunda instancia puede comenzar a ser ejecutada una vez que se agoten los recursos en esa misma fase del proceso.

Hasta ayer, el Supremo no le ha dado un carácter definitivo a esa cautelar, que según fuentes judiciales se propone examinar otra vez en las próximas semanas a fin de despejar el panorama jurídico antes de que se decida sobre un eventual encarcelamiento de Lula.

La crispación política en Brasil se congelará porque los brasileños se concentrarán en las fiestas del Carnaval, a las que se entregan con mucha más pasión que a la política.