EFE | LA PATRIA | SAO PAULO
La Justicia brasileña condenó ayer, por segunda vez, al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril del año pasado, a 12 años y 11 meses de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero.
El exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, sufrió un nuevo revés judicial tras la condena en primera instancia dictada ayer por la magistrada federal Gabriela Hardt, que consideró que Lula se benefició de las reformas en una casa de campo en Atibaia, en el interior de Sao Paulo.
La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, pero, de acuerdo con la Justicia, el expresidente se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que hicieron Odebrecht, OAS y Schain a cambio de ayudas en la obtención de contratos en Petrobras.
"Es un hecho que la familia del presidente Lula frecuentaba de forma asidua el inmueble y lo usó como si fuese de él. Inclusive, en 2014, Fernando Bittar alegó que su familia ya no lo frecuentaba con asiduidad, siendo este más usado por la familia de Lula", subrayó la jueza en su sentencia.
La condena, que será apelada por la defensa, es la segunda dictada en menos de dos años contra el expresidente, quien tiene un total de ocho causas penales abiertas en la justicia, todas ellas relacionadas con asuntos de corrupción.
Minutos después de conocer el fallo, los abogados de Lula anunciaron que recorrerán en instancias superiores la sentencia, la que calificaron como "absurda" y consideraron que "refuerza el uso perverso de las leyes y procedimientos jurídicos" para "fines de persecución política".
Además de Lula, la jueza Hardt condenó a los empresarios José Adelmario Pinheiro Neto, Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht; y a su hijo Marcelo Odebrecht.
En el caso de Emilio Odebrecht, es la primera condena que recibe en la Operación Lava Jato, que destapó en 2014 los millonarios desvíos que ocurrieron durante años en la petrolera estatal Petrobras.
La primera sentencia contra Lula fue dictada en julio del 2017 por el juez Sergio Moro, quien abandonó la magistratura el año pasado para asumir en enero como ministro de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Dicha pena fue ratificada en enero del 2018 por un tribunal de segunda instancia y, dos meses y medio después, Lula entró en prisión para cumplir una pena de 12 años y un mes de cárcel, la cual purga en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba.
Tras la segunda condena, el Partido de los Trabajadores (PT) reiteró ayer que su máximo líder es víctima de una "persecución" y señaló que, en la memoria del pueblo, el expresidente "siempre será mayor que sus verdugos".
El expresidente de Brasil ha sido condenado en dos de las ochos causas penales que tiene abiertas con la justicia de su país.
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