
EFE | LA PATRIA | BUENOS AIRES
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) deberá hacer frente a su primer juicio oral como imputada en el marco de una investigación sobre el supuesto perjuicio económico del Estado.
El juez Claudio Bonadio investiga si mediante la celebración de contratos de futuros de dólar, el Banco Central argentino pactó vender dicha moneda a 10,65 pesos por unidad, un precio por debajo del establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de operaciones, que por aquel momento se encontraban en torno a los 14 pesos por unidad.
Según el magistrado, esta política habría ocasionado pérdidas entre septiembre del 2015 y junio del 2016 de 54.900 millones de pesos argentinos (3.400 millones de dólares al cambio actual).
Por esto, la acusan por administración infiel en perjuicio de la administración pública junto al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, el exministro de Economía Axel Kicillof y otros 12 exaltos cargos de su gobierno.
Tras conocerse la elevación a juicio, la expresidenta evitó reaccionar con un extenso documento y se limitó a publicar un irónico emoticono en su cuenta en Twitter junto a una captura de pantalla de un titular de un medio que no identificó y que reza "La Auditoría aprobó las cuentas de la gestión de Cristina".
"Ella misma había manifestado hace meses su deseo de ir pronto a juicio para dejar a la justicia en una posición ridícula y demostrar que es una persecución y que es inocente", según dijo Gregorio Dalbón, su abogado civil.
La causa se inició en octubre del 2015 por la denuncia formulada por los entonces legisladores opositores Mario Negri y Federico Pinedo, presidente provisional del Senado.
En abril del 2016, Fernández acudió a los tribunales y presentó un escrito en el que defendió que las operaciones investigadas se hicieron legítimamente de acuerdo a la normativa vigente, y cargó contra el actual gobierno y el Poder Judicial al definirse como una expresidenta perseguida.
Otras investigaciones
La exjefa de Estado también se encuentra procesada en otra causa por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública, en la que están acusados varios miembros del anterior gobierno argentino.
Al mismo tiempo, otra de sus empresas, Hotesur, dedicada al sector inmobiliario, es objeto de investigación -de la que en 2015 fue apartado el mismo Bonadio como juez de la causa- por presuntos retornos económicos a la exfamilia presidencial, que provendrían de fondos obtenidos ilícitamente a costa del erario.
Además, está implicada en la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires, desde que el fallecido fiscal de dicha causa, Alberto Nisman, la denunciara por presunto encubrimiento de los terroristas iraníes responsables del ataque.
Aunque la demanda fue archivada en mayo de ese año, fue reabierta el pasado diciembre y ahora la Justicia trabaja por determinar los alcances de la acusación formulada por el fiscal.
Destacado
14 integrantes del gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández son acusados junto a ella por administración infiel en perjuicio de la administración pública.
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