Liberan en Nicaragua a líderes de las protestas

EFE | LA PATRIA | MANAGUA

El Gobierno de Daniel Ortega liberó ayer a medio centenar de "presos políticos", entre ellos los líderes de las protestas ciudadanas, bajo una Ley de Amnistía, que según la oposición dejará impune la represión gubernamental.

Entre los liberados se encuentran los periodistas Miguel Mora, director y propietario del canal de televisión 100% Noticias -un medio crítico del Gobierno sandinista-, y su jefa de prensa, Lucía Pineda. También los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, a quienes un juez afín al presidente Ortega había condenado a 216 y 210 años de prisión, respectivamente.

Además, a los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens, Nahiroby Olivas, Byron Corea y Kevin Espinoza; a la líder de los comerciantes Irlanda Jérez; y los dirigentes opositores Yubrank Suazo y Cristhian Fajardo. Asimismo, el coronel retirado Carlos Brenes, fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS) y antiguo compañero de guerrilla del presidente Ortega; el mayor retirado Tomás Maldonado; y el catedrático Ricardo Baltodano, hermano de la antigua comandante guerrillera sandinista y ahora opositora Mónica Baltodano.

Otros liberados son los jóvenes afrodescendientes Glen Slate y Brandon Lovo, inculpados por la muerte de un periodista.

Explicaciones

El Ministerio de Gobernación explicó, en una declaración, que el Ejecutivo ordenó la liberación de 56 personas que estaban en prisión "por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública", en cumplimiento a una polémica Ley de Amnistía.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trasladó a las 56 personas hasta sus domicilios para entregarlos a sus familiares, de acuerdo con la información.

Alborozo y acusaciones

La liberación de los principales dirigentes de las protestas ciudadanas se dio en medio de un ambiente de fiesta y júbilo, pero también de denuncias sobre los malos tratos vividos en prisión.

Cada uno fue recibido por sus familiares y vecinos en ambientes festivos, en algunos casos con música tradicional nicaragüense o símbolos religiosos, pero siempre con banderas de Nicaragua, globos blanquiazules y el himno nacional, unas manifestaciones que las autoridades consideran subversivas.

Entre las primeras cosas que hicieron los recién liberados fue denunciar las torturas que vieron y vivieron durante meses, dentro de las cárceles de Nicaragua. La periodista nicaragüense-costarricense Lucía Pineda relató que el aislamiento y el maltrato marcaron su detención de unos seis meses: "durante dos semanas estuve defecando en mi mano porque el inodoro de mi celda no funcionaba", afirmó. En tanto, la líder opositora Irlanda Jerez denunció que fue víctima de abusos sexuales.

Tras ser liberados, los opositores gritaban consignas como "Viva Nicaragua libre", "Patria libre para vivir", "Justicia", mientras se fundían en abrazos, empuñaban sus manos en señal de victoria y levantaban banderas y entonaban las notas del himno nacional.

El líder opositor Yubrank Suazo, quien en 2018 declaró a Masaya "territorio libre del dictador", fue recibido como héroe en su ciudad, tras permanecer 9 meses en la cárcel. Suazo reclamó elecciones inmediatas pues "Nicaragua necesita un cambio", y afirmó que Ortega "se equivocó" con la Ley de Amnistía, "porque nosotros nos mantenemos firmes".

Quedan 89 reos políticos

Al menos 89 presos políticos continúan en las cárceles de Nicaragua luego de que el Ejecutivo de Daniel Ortega liberó a 106 de ellos en los últimos dos días bajo la polémica Ley de Amnistía, informó ayer la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El exdiplomático Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza, afirmó que los cientos de "presos políticos" excarcelados previamente también deben gozar de libertad absoluta, y no estar bajo medidas cautelares, tal como indica la Ley de Amnistía, por lo que exigió al Gobierno que asegure el cumplimiento de sus derechos constitucionales.

Desde abril del 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que deja al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594 y el Gobierno reconoce solo 199.