EFE | LA PATRIA | SANTIAGO DE CHILE
Autoridades y defensores ambientales hicieron ayer un llamado a los Gobiernos de la región a unirse con "urgencia" al Acuerdo de Escazú, el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en la protección de los ambientalistas.
Un año después de su entrada en vigor, los Estados miembros celebran hasta el viernes en la sede de la Cepal, en Santiago de Chile, la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del pacto, cuyo nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
"Chile participa en esta COP1 de Escazú como observador y anfitrión. Espero que pronto nos convirtamos en Estado Parte. Hoy, en esta sala, se hace vivo el multilateralismo, la confianza, la colaboración que tanta falta le hace al mundo", dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric.
De los 24 países que lo firmaron, solo 12 lo han ratificado, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
En grandes potencias regionales como Colombia o Brasil, el tratado lleva meses estancado en sus respectivos Congresos a la espera de que los congresistas ratifiquen para su entrada en vigor.
Chile, de vuelta
En el caso de Chile, el acuerdo fue impulsado y negociado por el expresidente Sebastián Piñera durante su primer mandato (2010-2014), pero cuando asumió su segundo periodo no consecutivo en 2018 cambió de opinión y se negó a firmarlo por presiones de la poderosa industria minera, que representa más del 10% del producto interno bruto (PIB) nacional.
Una semana después de asumir el poder el 11 de marzo, Boric envió al Congreso el proyecto de adhesión al tratado, que ya se está discutiendo en una comisión parlamentaria y sobre el que parece que hay consenso entre las distintas fuerzas políticas.
Tampoco lo ha ratificado aún Costa Rica que, junto con Chile, fue de los impulsores del pacto, que se adoptó en 2028 tras seis largos años de negociaciones.
"Ya no tenemos más tiempo. El cambio climático nos rebasa y son las personas más pobres las que se están llevando la peor parte de esta crisis (...) Es un tratado sólido, hermético y sin ningún tipo de laguna", indicó por videollamada la vicepresidenta del país centroamericano, Epsy Campbell.
La región más vulnerable
Pese a que Latinoamérica contribuye solo con el 9% de las emisiones globales, es de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática.
"Escazú es un instrumento de transformación social y de profundización de la democracia", indicó Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino de Cepal, el organismo de la ONU que ampara el pacto.
"Vendrán tiempos complejos. Por eso, América Latina y el Caribe debe hacer un llamado al mundo: la justicia y la democracia ambiental son posibles", añadió Cimoli.
Latinoamérica es también la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad.
El año 2020 fue el más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas.
Embolatado
El 20 de julio de 2020, Iván Duque, presidente de Colombia, le pidió al Congreso tramitar con urgencia la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, aunque el carácter de urgencia no fue tomado en consideración por el legislativo, que aplazó en varias ocasiones su debate. El próximo 26 de abril se debatirá de nuevo en el Senado la ratificación de Escazú después de que un grupo de senadores opositores invocara el estatuto de la oposición.
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