EFE | LA PATRIA | MANAGUA
La expectación por el rumbo que tomarán las negociaciones para resolver la crisis de Nicaragua dominó el ambiente local ayer, luego de las acciones de la Policía contra manifestantes para evitar protestas contra el presidente, Daniel Ortega.
Tras los disturbios del sábado, ayer se vivió un ambiente de calma y de incertidumbre sobre si la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia debe volver a la mesa de negociaciones, ante la aparente falta de voluntad del Gobierno para resolver la crisis.
El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, quien actuó como mediador del diálogo que se inició en mayo y que luego fue paralizado, afirmó que las actuales negociaciones deben tomar en cuenta lo que ocurre lejos de la mesa de discusiones para avanzar por buen camino.
"Las personas que se reúnen a negociar, a dialogar, deben mostrar su buena voluntad fuera del recinto", dijo Báez.
El sábado la Policía detuvo al menos a 107 personas que intentaban protestar, según datos de la Policía local, o 164 de acuerdo con el movimiento que convocó a una marcha, la Unidad Nacional Azul y Blanco, que además reportó seis heridos a causa de los disparos realizados por los agentes.
También se denunciaron agresiones de oficiales a periodistas y su irrupción a centros de comercio privados para capturar a los manifestantes, así como el asedio por horas en los edificios a los que no pudieron ingresar.
El exministro de Educación e integrante de la alianza opositora Carlos Tünnermann expresó sus dudas sobre la voluntad política del presidente Ortega para continuar con las negociaciones.
Mientras el exministro de Economía Mario Arana, también integrante de la alianza, mantuvo su posición de mantener las negociaciones pese a la violencia; y el exdiputado opositor y jurista José Pallais afirmó que la alianza, a la que también pertenece, analizará si vale la pena continuar.
Hasta anoche la opositora Alianza Cívica no había informado si asistirá hoy a la sesión de negociaciones con el Gobierno.
Nicaragua vive una crisis que en 11 meses ha dejado 325 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561, mientras que el presidente Ortega solo reconoce 199.
Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.
La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes "de lesa humanidad", mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015