EFE | LA PATRIA | GUATEMALA
Los cinco diputados que conforman la Comisión Pesquisidora del Congreso de Guatemala que investigará la solicitud de desafuero del presidente del país, Jimmy Morales, la mayoría de la oposición, prometieron ayer que realizarán un trabajo cauteloso y con transparencia.
"Vamos a ser correctos, ecuánimes y transparentes", declaró a los medios de comunicación el presidente de este ente, Luis Fernando Montenegro, del opositor Encuentro por Guatemala, después de que el Congreso eligiera, al azar, a los cinco parlamentarios.
El parlamentario avanzó, sin especificar fechas, que "de manera inmediata" solicitarán el expediente de esta solicitud, presentada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el pasado 10 de agosto, para "empezar con el análisis".
"Vamos a cumplir con todos los artículos de la ley de antejuicio", aseveró Montenegro, quien añadió que se trata de una misión "muy importante" y que pidió "no adelantar juicios de valor" para garantizar transparencia y cautela en todo el proceso.
Montenegro resultó electo para conformar este comisión durante un sorteo al azar junto a Carlos Nájera de secretario y Fidel Reyes Lee como vocal I, ambos de Unidad Nacional de la Esperanza; Rudy Pereira como vocal II, del oficialista Frente de Convergencia Nacional; y el independiente Boris España como vocal III.
Será la comisión la que elabore un informe para recomendar al pleno si se debe retirar o no la inmunidad al presidente y que así pueda ser investigado, pero no es un documento vinculante y serán los diputados con su voto (105 de los 158 necesarios) los que decidan sobre este proceso.
De acuerdo con la investigación, Morales, en su calidad de secretario general del Partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibió en 2015 contribuciones de forma anómala y no las registró en los libros contables de la organización política, un caso por el que grandes empresarios del país admitieron su responsabilidad.
El dinero fue utilizado para pagar a los fiscales de mesa en la primera y segunda vuelta, después de que Morales asegurara durante la campaña que no quería recibir contribuciones privadas para distanciarse de los partidos tradicionales. El aporte económico también se usó para pagar volantes y calendarios y capacitar a Morales y su vicepresidente, Jafeth Cabrera.
La suma de financiamiento anónimo, de acuerdo con las pesquisas preliminares, asciende a cerca de un millón de dólares no reportados al Tribunal Supremo Electoral.
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