ETANT DUPAIN
EFE | LA PATRIA | PUERTO PRÍNCIPE
La crisis política y económica en Haití continúa recrudeciéndose, ayer se cumplieron ocho días de que se iniciaran las violentas protestas en contra del Gobierno del presidente del país, Jovenel Moise, quien permanece en silencio.
Las manifestaciones iniciaron el 7 de febrero, coincidiendo con el segundo aniversario de la llegada al poder de Moise, cuya dimisión reclaman los manifestantes, quienes se han lanzado en masa a las calles de Puerto Príncipe y de otras ciudades del empobrecido país caribeño.
Muchos salen a las calles en busca de agua y comida, en medio de una tensa calma, mientras los promotores de las protestas han advertido de que continuarán, pero pasado el mediodía de ayer aún no se habían registrado.
La capital, Puerto Príncipe, sigue paralizada con las escuelas y los bancos cerrados, así como los negocios y las estaciones de combustibles, que temen más saqueos como los que se han producido en estos días de protestas, en las que al menos nueve personas han muerto en los violentos disturbios.
El transporte en la capital sigue precario, con solo motocicletas ofreciendo servicio, mientras las calles que comunican a Puerto Príncipe y seis departamentos están bloqueadas.
Mientras las personas están en las calles desesperadas buscando agua y comida, el presidente permanece en silencio desde el sábado cuando hizo un llamado al diálogo, rechazado por los promotores de las protestas, agrupados en el Sector Democrático y Popular, integrado por líderes de partidos de oposición y por grupos populares. En una rueda de prensa, el presidente del Senado, Carl Murat Cantave, instó ayer a Moise y su primer ministro, Jean Henry Céant, a hablar a la nación, al tiempo que llamó al diálogo para resolver la crisis.
“Estamos en un momento de crisis y hay que liderar, el presidente y el primer ministro tienen que hablar con el país”, dijo, y apuntó que “después de una semana de crisis el país necesita a líderes responsables”.
En tanto, organizaciones de derechos humanos han alertado de las precariedades en los hospitales para atender a los heridos en los disturbios.
La violencia en las calles a causa de las manifestaciones obligaron a embajadas a suspender provisionalmente sus servicios.
El único pronunciamiento de la comunidad internacional llegó el fin de semana a través del Core Group, integrado por el representante especial adjunto del secretario general de las Naciones Unidas, los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, EE.UU., Francia, la Unión Europea y el representante especial de la OEA, quien llamó a un diálogo para buscar una solución a la crisis política y económica.
En sus protestas, los manifestantes también exigen justicia en las supuestas irregularidades en el programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país a precios blandos.
Una auditoría presentada la semana pasada por el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en este programa y señaló a 15 exministros y actuales funcionarios que están involucrados en este caso, así como una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la Presidencia.
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