EFE | LA PATRIA | CARACAS
Un nuevo presunto caso de corrupción sacudió ayer a la oposición venezolana luego de que el portal Armando.info publicara una investigación que señala que diputados están realizando gestiones para dar indulgencias a empresarios supuestamente vinculados el chavismo.
Según el reporte periodístico, parlamentarios "emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP (programa de alimentos subsidiado del Gobierno señalado de corrupción), con el objetivo de que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya sancionados Álex Saab y Álvaro Pulido".
La investigación de Armando.info asegura que los diputados han entregado documentos a la Fiscalía colombiana -que acusó el año pasado a Saab por evasión de impuestos y a quien se investiga por sus vínculos con el Gobierno de Maduro- una carta que exime a Lizcano y a su empresa, Salva Foods, de cualquier relación con el empresario sancionado.
Salva Foods, dice el portal, es la compañía que maneja las tiendas CLAP en Venezuela.
Añaden además que lo mismo han pretendido hacer con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aunque Armando.info no pudo verificar si el documento fue recibido.
Los diputados señalados por este caso son: Luis Parra, presunto coordinador del grupo; Adolfo Superlano, José Brito del partido opositor Primero Justicia (PJ); Conrado Pérez Linares, Emilio Fajardo, también de PJ, Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT).
En la presunta carta también aparece la firma del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, quien se encuentra exiliado.
Del documento existen irregularidades sobre la fecha y el momento en que fue aprobada la misiva, pues en la comisión no hay registros de que hubiese una sesión el día que supuestamente fue aprobada la carta por los parlamentarios.
Los diputados, que además utilizan la figura del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, en sus misivas, habrían viajado también a Europa "para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la investigación contra el entramado de Álex Saab", a quien la Comisión de Contraloría investiga desde hace años por ser presunto testaferro de Maduro.
Piden investigación
El presidente de la instancia, Freddy Superlano, pidió una investigación por tales acusaciones e incluso anunció su separación del cargo negando su relación con estos hechos.
Superlano pidió que se verifique su firma en la carta.
La publicación del portal además provocó la reacción casi inmediata de Guaidó, quien anunció la suspensión de los diputados. En una rueda de prensa, el líder opositor informó sobre el inicio de una investigación exhaustiva con ONG y prensa, dada la "precariedad de las instituciones" venezolanas a las que acusa de estar "usurpadas" por el chavismo gobernante.
Sin embargo, la suspensión de responsabilidades no significa que les haya retirado a los diputados su investidura como legisladores.
La repuesta
El principal señalado dentro del caso, Luis Parra, que además ofreció declaraciones a Armando.info, en el reportaje, para negar las acusaciones, escribió en Twitter que "existe un laboratorio de guerra sucia montado" contra los parlamentarios mencionados en el artículo "y algunos colegas diputados del Parlamento venezolano, por una red de extorsionadores"
Entre los supuestos "extorsionadores" señaló al portal y al periodista responsable del reportaje, Roberto Deniz.
Precedentes
El nuevo caso se suma al ya denunciado en junio por el portal PanAmpost que denunció que delegados en Colombia de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 60 países, habrían malversado fondos relacionados con la manutención de los militares que desertaron del Gobierno de Maduro y se refugiaron en Cúcuta. La denuncia de junio ha sido denominada como el "Cucutazo" y se investiga tanto en Colombia como en Venezuela.
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