EFE|LA PATRIA|ROMA
El Gobierno italiano definió ayer las líneas básicas de su reforma laboral, que tiene como objetivo "dinamizar y flexibilizar" el mercado del trabajo en Italia, crear empleo y estimular el desarrollo y la competitividad de las empresas, contribuyendo al crecimiento del país.
En un comunicado, el Gobierno informó la aprobación del proyecto de ley de la reforma laboral, aunque precisó que se optó por una fórmula que otorga carácter provisional al texto, que ahora podrá ser modificado en el Parlamento.
El Ejecutivo tecnócrata de Mario Monti decidió así dar espacio a la discusión parlamentaria y optó por una línea de actuación diferente a la adoptada en sus anteriores intervenciones económicas, que fueron aprobadas por decreto ley.
Entre esas intervenciones, destinadas a sanear las cuentas públicas y relanzar el crecimiento, figuran el plan de ajuste de cerca de 30 mil millones de euros que ratificó el Parlamento el pasado diciembre, así como un amplio conjunto de liberalizaciones, acordado en Consejo de Ministros el 20 de enero y que el jueves fue aprobado de forma definitiva en la Cámara de los Diputados.
El Gobierno italiano, en su comunicado, afirmó que la laboral es "una reforma largamente esperada por el país y fuertemente deseada por Europa y, por ello, discutida con los agentes sociales".
La definición del Gobierno de este conjunto de medidas llegó tras una semana de duras negociaciones entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, que se muestran escépticos ante las propuestas del Gobierno.
Un punto que levantó mayor controversia y oposición de los sindicatos es la intención del Gabinete de Monti de modificar el "artículo 18" del Estatuto de los Trabajadores, que regula las condiciones para el despido en las empresas con más de quince empleados.
El Ejecutivo decidió intervenir en ese aspecto y limitar la posibilidad de reintegrar a un trabajador en su puesto de trabajo, previa decisión de un juez, solo cuando el despido sea considerado "discriminatorio" o en casos de despido por motivos "disciplinarios" infundados.
En el resto de supuestos, entre ellos los despidos motivados por causas económicas y los que sean infundados, el empresario podrá ser condenado solo a pagar un resarcimiento económico al trabajador.
Convocarán a huelga
De este modo, se modifica la normativa existente hasta el momento, ya que el regreso del trabajador despedido a su puesto de trabajo se contemplaba tanto para los casos de discriminación y los disciplinarios, siempre que el juez dictaminara que no se habían cometido faltas graves, así como para los despidos por motivos económicos, si se dictaminaba que estos eran injustos.
Precisamente, la intención de introducir este tipo de modificaciones en la normativa vigente llevó el pasado miércoles al sindicato mayoritario CGIL a anunciar la convocatoria de paros y una huelga general para protestar contra una reforma que, consideran, que lo único que hace es "facilitar el despido".
También expresó sus dudas sobre la modificación del artículo 18 el progresista Partido Demócrata (PD), cuyo líder Pier Luigi Bersani, señaló ayer que no se puede "concebir" que para una forma de despido por motivos económicos existan solo indemnizaciones económicas.
Bersani emplazó así a la discusión parlamentaria para modificar este aspecto, mientras el conservador Pueblo de la Libertad, de Silvio Berlusconi, advirtió que los cambios en el Parlamento "no podrán ser de un solo color" político.
La reforma laboral aprobada ayer busca además primar las relaciones laborales estables y potenciar la presencia de las mujeres en el mercado laboral.
"Actualmente, la participación de las mujeres en el mercado del trabajo es limitada con respecto a los hombres", afirma el Ejecutivo, se intervendrá para potenciar el acceso de las mujeres a los puestos directivos y se introducirá el permiso de paternidad obligatorio.
Asimismo, se trabajará para hacer más eficientes los llamados "amortiguadores sociales", el conjunto de medidas con las que se pretende mitigar el malestar del ciudadano, normalmente ligado con las vicisitudes de la relación laboral.
La votación del Parlamento
La Cámara de los Diputados italiana dio ayer el sí definitivo al plan de liberalizaciones promovido por el Gobierno tecnócrata de Mario Monti, con el fin de relanzar el crecimiento de la economía italiana.
Este paquete de medidas, aprobado en Consejo de Ministros el 20 de enero y ratificado por el Senado a principios de marzo, obtuvo en la Cámara baja italiana 365 votos a favor, 61 en contra y seis abstenciones, con lo que, tras ser ratificado por el jefe del Estado, se convertirá en ley.
El contenido base del texto llegaba blindado a la votación de hoy en el pleno de la Cámara de los Diputados, después de que ayer este fuera sometido a una cuestión de confianza.
El recurso a las cuestiones de confianza es una estrategia utilizada por los ejecutivos italianos para acelerar las aprobaciones de leyes, ya que permite evitar el debate de enmiendas parlamentarias, aunque en caso de que no sean refrendadas implica una pérdida de apoyo del hemiciclo, lo que puede abrir una crisis de gobierno.
Dentro de este texto final, acordado por la mayoría de los grupos políticos, figuran medidas a favor de los consumidores, como la eliminación de algunas cláusulas para la concesión de créditos, entre ellas, las comisiones bancarias.
Respecto a su primera redacción, aprobada como decreto ley en Consejo de Ministros en enero, el texto ha registrado sustanciales cambios en su paso por las comisiones parlamentarias, entre ellos en las normativas que afectaban a las profesiones que más han protestado, como los farmacéuticos o los taxistas.
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