EFE| LA PATRIA
La orden es permanecer en casa, pero para centenares, sino miles, no hay en estos días un lugar seguro. Para los inmigrantes no son muchas las opciones: unos están atrapados en la pobreza del país al que llegaron, otros quedaron a medio camino en su travesía y muchos más están detenidos mientras el mundo se enfrenta al coronavirus.
De Sudamérica a Estados Unidos se multiplican las historias que revelan la indefensión de miles de inmigrantes -también de desplazados- que a la batalla diaria por su supervivencia suman la angustia de una pandemia que obligó a clausurar fronteras y los convierte en señalados como posibles "focos" de la enfermedad.
De Venezuela a las calles de Bogotá
"Llevo una semana en la calle. Estar sentado aquí y que pasen los policías y nos corran, no es lo mismo que tener una habitación y estar protegido de verdad ante el coronavirus", señala Michel Briceño, uno de los migrantes venezolanos que ha pasado los primeros días de la cuarentena en la fría intemperie de Bogotá.
Junto a otras familias sentadas en la acera con sus pocas pertenencias después de haber sido desalojadas, Briceño espera la llegada del virus en las calles del barrio de Santa Fe, en el centro de la capital colombiana, conocido por ser una zona de prostitución, hoteles sin ninguna estrella y posadas "pagadiarios".
Colombia tiene el mayor número de refugiados y migrantes venezolanos, unos 1.600 millones, un tercio de los casi cinco millones que huyeron de su país en los últimos años, según Naciones Unidas. El 58 % de ellos está en situación irregular, estiman las autoridades migratorias.
Organizaciones humanitarias y asociaciones de migrantes han denunciado que los hoteles y posadas estaban desalojando en Bogotá a decenas de familias que no pueden pagar el arriendo de sus habitaciones porque la cuarentena de la covid-19, congeló la economía informal y sus trabajos.
Con el aislamiento desapareció toda actividad económica de la ciudad, salvo las esenciales, y quienes vivían de trabajos informales o callejeros perdieron todo sustento.
Ante esta situación, muchos no pueden abonar entre los 15.000 y 25.000 pesos que cuesta una habitación por día, una fórmula a la que se acogen al no poder permitirse un alquiler mensual.
Así, las posadas no los aceptan por falta de dinero a pesar de que la alcaldesa Claudia López expidió un decreto que prohíbe su desalojo.
"Desde que empezó esto llevamos tanto tiempo sin trabajo, sin cenar, sin almorzar; como puro pan, sin salchichón", lamenta Briceño.
Migración se suma al desplazamiento en Colombia
"Si esto se alarga tenemos dos opciones: o morir por el virus o morir de hambre", señala Andrea López*, integrante de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), después de explicar que ella y sus compañeras se han quedado sin trabajo por la cuarentena.
"Cuando cerraron las escuelas y los parvularios dejé de trabajar, no podía dejar solas a mis hijas. Mi jefa me dijo que ya había encontrado a otra mujer para el servicio y dejó de llamarme", explica López por teléfono.
La trabajadora, desplazada por el conflicto armado interno que desde hace más de medio siglo sufre Colombia, vive en Soacha, municipio que forma parte de los cinturones de miseria que rodean Bogotá y en el que el 36 % de la población está en la pobreza extrema.
Soacha es uno de los municipios con la densidad poblacional más alta de América Latina, con 290 personas por kilómetro cuadrado. Se convirtió en refugio para más de 56.000 desplazados por el conflicto colombiano y para 30.000 migrantes venezolanos que huyeron de su país en los últimos años, según la alcaldía local.
La angustiosa espera en México
A miles de kilómetros de Bogotá y mucho más de su natal Brasil, Carlos es otra de la caras de esta angustia.
Es fin de semana en la fronteriza Ciudad Juárez y de lo único que este inmigrante habla es de la incertidumbe que se ha apoderado de él y de sus compatriotas brasileños que esperan su cita con las autoridades migratorias y la justicia en El Paso, Texas, para tramitar su asilo en EE.UU.
"La parte más difícil fue cuando no nos dieron permiso para hacer una entrevista y nos dijeron que teníamos que volver a México y esperar a la audiencia, que estaba prevista para el día 21 de abril. Fue muy difícil porque no tenemos conocimiento de Ciudad Juárez", comentó a Efe Carlos, quien prefiere dar solo el nombre de pila por temor a represalias.
Mientras dura la espera, convive con su esposa e hijos con otras siete familias brasileñas y decenas de migrantes llegados en su mayoría de Guatemala, Honduras e incluso Ecuador.
Son más de un centenar que vive en el albergue cristiano El Buen Samaritano en una de las zonas más violentas de Ciudad Juárez, y aunque agradecen la atención recibida, tienen miedo de la covid-19
"Las personas nos hospedan aquí, nos apoyan, pero ahora con el coronavirus estamos más vulnerables porque no tenemos medicina ni médicos preparados para atendernos aquí. Y tenemos que pagar médicos y no tenemos condiciones", agregó Carlos, quien lleva ya más de mes y medio en el país.
Las condiciones de salubridad están lejos de ser las mejores y el desabastecimiento de artículos como medicamentos y papel de baño es algo de todos los días desde el pasado 11 de marzo, cuando el brote de la covid-19 fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según denuncian.
Y ahora el coronavirus
Carlos forma parte del programa "Permanezcan en México", que permite al Gobierno de Donald Trump regresar a ciertos solicitantes de asilo a México, con la connivencia de este país, que alegó "razones humanitarias" para aceptar este plan que se activó el 29 de enero de 2019.
Desde entonces, se estima que más de 60.000 migrantes han esperado en ciudades fronterizas mexicanas -algunas de ellas tan violentas como Ciudad Juárez o Matamoros- su turno para ser atendido por las autoridades estadounidenses, que deciden su futuro.
Adicionalmente, el pasado 20 de marzo México confirmó que recibirá a los migrantes centroamericanos que Estados Unidos decida regresar de inmediato a sus fronteras y sin tramitar su solicitud de asilo debido a la enfermedad, lo que agudizaría la situación.
"Nuestra situación es muy difícil aquí, todavía más ahora con el coronavirus", dijo Carlos, de unos 35 años, quien salió de Brasil porque "no es país bueno vivir". "Nos sentimos muy vulnerables aquí en México, y también en la ciudad de Juárez, que es una ciudad un poco complicada", remató.
DETENIDOS POR UN ASILO
Para muchos Estados Unidos es la meta, pero también puede ser el comienzo de una pesadilla. De eso pueden dar fe decenas de venezolanos que, ahuyentados por la crisis de su país, buscaron asilo y han terminado tras las rejas.
"El 21 de agosto de 2019, se meten en nuestra casa, mi esposo no estaba", así empieza Jasmín Cabrera el relato sobre la irrupción en su casa de funcionarios que buscaban a Julio Núñez, docente por 15 años y amenazado por dejar su puesto en una institución oficial.
Después del operativo, en el que su hijo y ella sufrieron golpes, esta familia de cinco integrantes huye a Colombia, temerosos de sufrir represalias por denunciar lo ocurrido.
Su salida hacia EE.UU. los dividió, ya que Julio debía entrar desde México pues su visa había sido cancelada en octubre de 2018. Jasmín y sus dos hijos llegaron en avión y con visa sin problemas.
"El viaja el 27 y el 29 (de agosto) ya él estaba en Texas detenido", relata esta diseñadora de moda, quien narra, sorprendida y aún con muchas "lagunas", que su esposo -acostumbrado a visitar este país- atravesó en una balsa.
Después de siete meses de haber pasado por centros de detención en Texas, Misisipi y Luisiana -donde permanece-, el coronavirus es un nuevo dolor de cabeza.
"Ahora con esta pandemia, me preocupa, yo creo que estoy yo más preocupada que él, porque mi esposo es asmático", admite Jasmín, quien asegura que Julio ha desarrollado además hipertensión.
Centenares de casos
Esta familia no es la única. Cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) revelan que al 28 de marzo de 2020 había 5.991 extranjeros bajo su custodia que tenía un reclamo de persecución o tortura establecido, en otras palabras, que estaban detenidos mientras se tramita su asilo.
Brian Fincheltub, director de Asuntos Consulares de la representación diplomática del opositor Juan Guaidó ante EE.UU., indica a Efe que hasta la semana pasada se contaban 733 venezolanos en custodia, 150 de ellos por causas criminales. En septiembre pasado esa cifra ascendía 1.300.
"Todos al final están escapando, algunos por persecución propia y otros porque no tienen qué comer y sus hijos no pueden estar seguros en el país", admite Fincheltub, quien apunta que, sin embargo, EE.UU. considera que quienes ingresen sin visado "están cometiendo un delito".
Al final del día, para Jasmín, su esposo "ha tenido la cuota más fuerte de sacrificio" para que su familia esté a salvo en EE.UU.
"Déjenlos salir, dejen que nuestros familiares se reúnan con nosotros", clama esta inmigrante, quien ve un futuro incierto sin su esposo -a quien le negaron una fianza y el asilo-, al recordar que son una familia, un equipo
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