Expresidente guatemalteco Otto Pérez, vinculado con otro caso de corrupción

Efe | LA PATRIA | Guatemala

10 de los 12 acusados de participar en una trama de corrupción en la mayor portuaria de Guatemala, entre los que están el expresidente Otto Pérez Molina y el empresario español Juan José Suárez, fueron enviados a prisión preventiva por el juez que instruye la causa.

El titular del Juzgado "B" de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, entendió que los implicados tienen peligro de fuga y de obstrucción a la averiguación de la verdad en la investigación que involucra también a la exvicepresidenta del país Roxana Baldetti.

Según la Fiscalía, Pérez Molina y Baldetti recibieron un millonario soborno a cambio de otorgar la ampliación de Puerto Quetzal a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), de la que Suárez era director y representante legal.

Delicado

El juez entendió, en el caso de Pérez Molina y Baldetti, ya en prisión preventiva por el caso de defraudación aduanera "La Línea", que era absurdo decretar ahora medidas sustitutivas y además agregó que el hecho de que existan posibles actos de corrupción en funcionarios es, para él, "un tema delicado".

A su juicio, es consecuencia de estos actos la situación que se vive en varios países de América Latina, no solo en Guatemala, sino también en Argentina y Brasil.

En los casos del exsecretario general de la Presidencia Gustavo Martínez, el empresario español Suárez, Lázaro Noe Reyes, Julio Sandoval, Samuel Aceituno, Jonathán Chévez, Mario Ruano Sanjosé y José Daniel Luna, el proceso ES más complejo, por lo que deben ir a prisión preventiva.

Precisamente, Suárez es un caso especial porque él prácticamente es el enlace entre España y todos los otros países implicados, como Argentina, México y la propia Guatemala, donde se fraguó la negociación del soborno.

Además de los 12 imputados hay otras seis personas en busca y captura por esta red de corrupción.

El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó medidas sustitutivas para los sindicalistas Julio César Zamora Álvarez y Julio Nolberto Esquivel Orellana, ambos acusados de enriquecimiento ilícito, quienes permanecerán en arresto domiciliario, no deberán acercarse a la portuaria para no obstruir la investigación y tendrán que firmar en el libro de la fiscalía los primeros 15 días de cada mes.

El juez decretó tres meses para que la fiscalía presente la investigación, es decir, hasta el próximo 5 de agosto, y fijó el 17 del mismo mes la audiencia en la que se presentarán las pruebas.

El juez consideró que existen suficientes pruebas sobre la trama que otorgó a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) la ampliación de Puerto Quetzal, el principal del país centroamericano, localizado en las costas del Pacífico, a cambio de una millonaria comisión.