Evo Morales firma ley para cultivar más coca en Bolivia

EFE | LA PATRIA | LA PAZ

La decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de aumentar el límite legal de los arbustos de coca pone al país en una ruta con desafíos ante la comunidad internacional, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, para justificar una medida que la oposición considera beneficiosa para el narcotráfico.

El mandatario cumplió ayer con un objetivo político que tenía desde que llegó al poder en 2006, consistente en consolidar una nueva política sobre la hoja coca, que reivindique para siempre los cultivos en estado natural y los diferencie de la cocaína.

Formado como líder entre los cocaleros de la zona del Chapare, un puesto que nunca dejó siendo mandatario, Morales firmó la ley que sube los cultivos de hojas de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas, enterrando una ley antidroga que estaba vigente durante 29 años.

La nueva norma permite cultivar 14.300 hectáreas de coca en la zona de Los Yungas (oeste) y 7.700 hectáreas en el Chapare.

Hasta ahora, la legislación permitía solo cultivos de coca en Los Yungas, que son los destinados al consumo tradicional y legal, mientras que sobre una gran parte de las plantaciones del Chapare siempre hubo la sospecha de que eran desviadas al narcotráfico.

Esa presunción tiene como base el dato de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de que el mercado legal de La Paz capta un 93% de la producción de los Yungas y el de Sacaba (centro) solo el 7% de lo producido en el Chapare.

Aunque actualmente no se sabe cuántos cocales hay en Bolivia, Naciones Unidas certificó que en 2015 había 20.200 hectáreas, mientras que un reciente informe de Estados Unidos dijo que en realidad los cultivos rondaron ese año las 36.500 hectáreas.

Ya sea tomando en cuenta los datos de la ONU o de Estados Unidos, Bolivia es el tercer productor mundial de hojas de coca y de cocaína, después de Colombia y Perú.

Señalamientos

Estados Unidos acusa a Bolivia de haber fracasado de "manera demostrable" en la lucha antidroga, algo que ha rechazado el presidente Morales replicando que "el único fracaso demostrable" es la lucha estadounidense contra el narcotráfico.

Ambos países no tienen relación a nivel de embajadores desde 2008 y su reconducción parece menos probable con la administración del presidente, Donald Trump, a quien Morales crítica constantemente.

El Gobierno boliviano también tiene por delante la tarea nada fácil de justificar las razones del incremento de cocales ante la Unión Europea (UE), ya que un estudio financiado por ese organismo estableció que solo se requiere 14.705 hectáreas para el consumo legal de la planta.

Se trata de un estudio realizado por estadísticos del Ejecutivo, tras una larga exigencia de parte de la UE, pero que nunca fue aceptado plenamente por el Gobierno, ni por los cocaleros, porque su reconocimiento planteaba una reducción drástica de los cocales.

Hace unos días, tras la aprobación de la norma en el Congreso, una fuente del organismo europeo dijo que había preocupación por la norma ya que varios ministros se comprometieron en una visita a Bruselas a que los cocales no subirían más de 20.000 hectáreas.

Según el Gobierno, se necesitan 18.000 hectáreas para satisfacer la costumbre del "acullicu" (masticado de coca) y otras 4.000 hectáreas pueden ser exportadas de forma directa o como derivados industriales para naciones como Argentina, donde hay una gran comunidad de bolivianos.

Sin embargo, hasta ahora ningún plan de industrialización de la planta para producir energéticos, harinas, cremas y medicamentos ha sido exitoso, salvo los mates para combatir el mal de la altitud.

Pero, además, cualquier plan de exportación choca ahora con la vigencia de la convención antidroga de Naciones Unidas de 1961, que veta esa comercialización al mantener a la coca en su lista de estupefacientes por contener alcaloides que son base de la cocaína.

La ONU accedió en 2013 a reconocer el "acullicu" en territorio boliviano aceptando el retorno del país a la citada convención, pero Morales siempre ha expresado su objetivo de hacer una nueva campaña para lograr que la planta sea despenalizada en el mundo.

En la Constitución vigente desde 2009, la hoja de coca tiene el rango de patrimonio por factores culturales y por su masticación o "acullicu".