España, ante su encrucijada territorial

Jesús García Becerril
EFE | LA PATRIA | MADRID
El encaje de las diferentes regiones en el Estado es un viejo contencioso que España padece desde hace décadas, si no siglos, y cuyo debate se ha agravado con el caso de Cataluña, donde hoy podría haber una declaración unilateral de independencia. El desafío secesionista catalán alcanzó un punto crítico con la celebración de un referéndum de autodeterminación, que el Gobierno central había prometido impedir y que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español.

España es de los estados más descentralizados de la UE, pero se va extendiendo la convicción de que el modelo que acuñó la Constitución de 1978, lograda mediante un asombroso consenso tras 40 años de dictadura, debe ser revisado.
La coexistencia de las llamadas “comunidades históricas” -Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía-, con lengua propia o culturas muy características, con las trece restantes, llevó a dos vías diferentes y a un complejo sistema de financiación que ha ido evolucionando, pero que siempre ha sido objeto de tensiones entre unas y otras, dado, además, el variado grado de desarrollo económico de todas ellas.
El caso de Cataluña, que representa casi una quinta parte de la riqueza nacional, ha sido el más polémico en los últimos años, en especial desde que la última reforma del “Estatut” (la “constitución” de esa Comunidad Autónoma) fuera recortada en 2010, cuatro años de entrar en vigor, por el Constitucional, tras un recurso del Partido Popular (PP), entonces en la oposición.
Los jueces consideraron que algunas de las disposiciones del nuevo Estatut, sobre justicia y financiación en particular, requerían una reforma previa de la Constitución.
Visto como un agravio profundo por los nacionalistas moderados, su deriva hacia posiciones abiertamente independentistas se confirma inmediatamente después, hacia 2011, a raíz de la grave crisis económica que sacudiría a todo el país.
Los secesionistas trasladan con éxito la idea de que las aportaciones catalanas a la financiación del Estado central eran desproporcionadas.
El pulso no ha cesado desde entonces y hoy, el gobierno catalán, formado por independentistas de derecha e izquierda con el apoyo de los antisistema de la CUP, intentara separarse de España trasladando al parlamento regional los resultados de la consulta ilegal para poner en marcha una declaración de independencia unilateral, mientras la oposición pide que convoque elecciones regionales anticipadas o intente negociar con el Gobierno central.

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, ratificó ayer, en la víspera de la comparecencia del presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, ante el Parlamento regional, que el Ejecutivo “hará todo lo que haga falta” para impedir la independencia de Cataluña.