EFE | LA PATRIA | CARACAS
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alianza opositora venezolana, utilizará todos los mecanismos constitucionales para anticipar el fin del mandato del presidente del país, Nicolás Maduro, anunció ayer el secretario ejecutivo de la coalición, Jesús Torrealba.
"La MUD decide por unanimidad conformar el movimiento democrático de presión popular más grande que haya existido para activar todos los mecanismos de cambio democrático que se encuentran en nuestra Constitución", leyó Torrealba en rueda de prensa junto al presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup.
Entre los mecanismos para recortar el mandato de Maduro, Torrealba citó la propia renuncia del presidente, la aprobación de una enmienda constitucional para lograr elecciones este año e iniciar el proceso para convocar un referendo revocatorio, también este año.
La llamada Hoja de Ruta 2016 de la MUD puso la renuncia de Maduro en primer lugar de sus demandas y Torrealba anunció que el próximo sábado se celebrará una primera movilización callejera en Caracas para demandarla.
Sobre la enmienda constitucional, que debe ser redactada por el Legislativo de mayoría opositora, y sometida luego a un referendo, el texto de la MUD señala que reducirá el mandato presidencial de seis a cuatro años con lo que se deben lograr elecciones presidenciales este año.
Sobre el referendo revocatorio del mandato de Maduro, destaca que se debe garantizar su convocatoria y realización eficiente a través de una ley de referendos con el objeto de impedir el bloqueo o retardo de este mecanismo constitucional que es un derecho ciudadano.
"La Carta Magna está siendo violada por las instituciones que debieran interpretarla, defenderla y salvaguardarla, y ante esta realidad", insiste el texto de la MUD, la oposición "llama al desarrollo de una intensa y pacífica movilización nacional".
La MUD también se plantea como meta la conquista de todas las gobernaciones" en las elecciones regionales previstas para finales de año.
El texto leído por Torrealba insiste en que "ante el agravamiento de la crisis económica y social que amenaza con destruir lo poco que queda de convivencia ciudadana y de estabilidad institucional", la MUD "reitera al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional el compromiso de alcanzar una solución política, electoral constitucional y pacífica este mismo año".
Advierte además que, si el Gobierno de Maduro persiste en su práctica irresponsable de intentar bloquear los mecanismos constitucionales para una solución pacífica a la crisis, no dudarán en activar un proceso constituyente.
La actual Constitución se aprobó en Venezuela en un referendo celebrado en 1999 a instancias del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), antecesor y mentor político de Maduro.
Este proceso constituyente originario, por su misma naturaleza, estaría a salvo del saboteo de los poderes constituidos", afirma el texto de la MUD que concluye con la consigna "el cambio es lo que viene ¡y nada lo detiene!".
Aunque hasta el momento ni Maduro ni los lideres del chavismo han hecho un pronunciamiento oficial sobre esta hoja de ruta, en los últimos días varios de ellos sostuvieron que la oposición intenta promover un golpe de estado.
Todo esto se desarrolla en un momento de angustia para el país caribeño tras la denuncia de una supuesta masacre de al menos 28 mineros desaparecidos en una zona minera al suroriente del país.
Sin embargo, pese a la denuncia de familiares y supuestos testigos presenciales de la presunta masacre, las autoridades aún no han dado información que corrobore el hecho.
Destacado
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo ayer en Chile que está a la espera de recibir la petición de la oposición venezolana para invocar la Carta Democrática Interamericana contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Buscan a mineros
El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, dijo ayer que el Ejército venezolano y agentes de los organismos de seguridad buscan a 30 mineros que supuestamente fueron acribillados la semana pasada en la zona suroriental del país.
Los mineros, según relatos de supuestos sobrevivientes difundidos por los diputados de la zona, Américo de Grazia y Andrés Velásquez, y el alcalde del municipio Sifontes, del estado Bolívar, Carlos Chancellor, fueron tiroteados por delincuentes que operan en las minas de oro de la zona y luego escondieron los cuerpos.
El gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, negó la masacre y anunció que acusará ante la justicia a los denunciantes por propalar rumores y por supuestamente financiar ilegalmente sus actividades políticas.
Las protestas de familiares de los supuestos mineros acribillados por lo dicho por el gobernador y la ratificación de las denuncias de los diputados y del alcalde llevaron a la Fiscalía a designar a un fiscal nacional y a otro regional a los fines de verificar los presuntos hechos.
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