RON GONZÁLEZ
EFE | LA PATRIA | CARACAS
El empresario colombiano Álex Saab, detenido en Cabo Verde y señalado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene un papel clave en el programa gubernamental Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que se encarga de la distribución de alimentos subvencionados -muchos de ellos, importados- a las familias más desfavorecidas del país.
Según la oposición venezolana, el barranquillero, de 48 años, ha amasado una fortuna vendiendo al Gobierno de Maduro miles de toneladas de alimentos de dudosa calidad y con sobrecostos, lo que produjo una millonaria pérdida patrimonial al país.
Y de acuerdo con la justicia de Estados Unidos, que lo sancionó junto a familiares de Maduro en 2019 por su presunta participación en un esquema de corrupción, Saab robó "cientos de millones de dólares" y pagó sobornos para obtener jugosos contratos del Estado venezolano.
Cuando fue detenido en Cabo Verde, el 13 de junio, Venezuela reaccionó señalando que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se encontraba "en tránsito" para volver al país.
Pero, ¿cómo llegó un desconocido empresario colombiano a formar parte del programa bandera de subsidio de alimentos de Venezuela? A continuación cinco claves que arrojan luces sobre el papel de Saab en los llamados CLAP.
1. Maduro creó los CLAP en 2016, cuando Venezuela sufría una severa escasez de alimentos básicos y medicinas. Es en ese momento cuando entra Saab, que aparecía como dueño de Group Grand Limited (GGL), la empresa que inició la importación de alimentos para los CLAP, de acuerdo con denuncias de la oposición venezolana y de la exfiscal Luisa Ortega Díaz. Saab ya trabajaba con la Administración de Maduro al menos desde 2013, cuando consiguió un contrato de 60 millones de dólares para levantar gimnasios verticales para promover las prácticas deportivas y culturales, la solución que encontró Maduro para atajar la alta criminalidad que atravesaba entonces el país.
2. Fue la propia exfiscal Luisa Ortega Díaz quien acusó en 2017 a Saab de ser un presunto testaferro de Maduro. Ella dijo entonces que los resultados de una investigación que había adelantado cuando dirigía la acción penal en Venezuela hacían presumir que Maduro era propietario de GGL, aunque en los papeles Saab y el también colombiano Álvaro Pulido figuraban como dueños. Saab siempre negó, a través de sus abogados, ser parte del negocio de la importación de alimentos en Venezuela.
3. Las compañías GGL y Asasi Food FZC, ligadas a Álex Saab, recibieron contratos por unos 1.500 millones de dólares entre 2016 y 2018, por la importación de alimentos para los CLAP, de acuerdo con un informe del Parlamento y una investigación del medio independiente venezolano armando.info.
4. Según la oposición venezolana, los CLAP han generado al país una pérdida patrimonial, calculada en miles de millones de dólares. El Parlamento venezolano dijo a finales del 2018 que a través de los CLAP las mafias de la importación habían defraudado al país, en al menos, 5.000 millones de dólares, gracias a los sobrecostos y los enormes márgenes de ganancias a los alimentos. Pero, además, el Parlamento aseguró entonces que los alimentos tenían "escaso valor nutritivo" o eran de baja calidad, usando como ejemplo la leche, el aporte es entre 18 y 42 veces inferior al que ofrecen empresas fuera del sistema CLAP.
5. Maduro ha dicho que el CLAP atiende a unas seis millones de familias venezolanas, que reciben cajas con alimentos cada 15 días. Así, siempre de acuerdo con el Gobierno, unos 24 millones de personas se benefician del programa, o, lo que es lo mismo, el 80% de la población venezolana. Cada caja de comida contiene dos kilos de harina precocida, varios kilos de arroz y de espagueti, granos, leche, azúcar y, en algunos casos, enlatados de atún o sardinas.
Más allá de las denuncias por sobreprecios o mala calidad, estos cerca de 15 kilos de comida representan una ayuda real para muchas familias en medio de la severa crisis que sufre Venezuela, un país donde más de siete millones de personas, entre empleados públicos y pensionistas, perciben ingresos inferiores a los 10 dólares por mes.
La Justicia de Cabo Verde ha rechazado la demanda de "habeas corpus" que Álex Saab interpuso para poder conseguir la libertad, informó su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.
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