EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
17 años se tomó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para analizar si le abría a Colombia una investigación por crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado. Ayer Karim Khan, fiscal general de La Haya que se encuentra en el país, anunció el cierre del examen preliminar más longevo que llevaba ese tribunal, debido a los progresos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Gobierno colombiano y la CPI firmaron un acuerdo por el que ese tribunal archivará el proceso dada la voluntad del país de "administrar genuinamente justicia", en lo que ha sido fundamental la JEP, el tribunal ad hoc creado justamente para juzgar ese tipo de crímenes.
El examen preliminar abierto en 2004 involucraba crímenes de guerra desde 2009 y de lesa humanidad desde 2002 cometidos por el Ejército, la extinta guerrilla de las Farc y grupos paramilitares.
Validación de la JEP
"El Gobierno colombiano acuerda asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo y que la JEP y las demás cortes y todo el sistema judicial reciba los fondos que requiere y que no exista ningún tipo de interferencia en el proceso", dijo Khan.
La JEP ha criticado al Gobierno de Duque por no apoyar lo suficiente a la justicia transicional y reducir el presupuesto para su labor en los siete macrocasos que tiene abiertos y que investigan crímenes como los de los secuestros por la guerrilla o las ejecuciones del Ejército.
Por eso, el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, aseguró que este acuerdo se debe a sus esfuerzos por dar luz y justicia a las víctimas del conflicto armado.
"Tres años de trabajo incesante de la Jurisdicción a partir de las imputaciones que ha realizado permitieron convencer a la CPI (...) que debería entonces ponerle término a esta investigación para confiar única y exclusivamente en la JEP", dijo Cifuentes tras el anuncio del fiscal.
El cierre del caso, no obstante, no significa "el retiro de la CPI", ya que si hay interferencias en la justicia o "si se da un cambio radical de la circunstancias (...) se hará una investigación preliminar y esta podrá ser reabierta", concluyó Khan.
Oposición de organizaciones
El director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, aseguró que es una decisión "prematura, equivocada y contraproducente", que "puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia".
En la misma línea se pronunciaron organismos de derechos humanos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que no coinciden con la Fiscalía de la CPI en que Colombia tenga unas instancias judiciales que puedan realizar investigaciones serias e imparciales.
A las organizaciones les preocupa especialmente la investigación de crímenes que atañen a agentes del Estado o los que involucran nexos con el paramilitarismo, ya que son, según dicen, los que menos colaboración están ofreciendo ante la JEP y los menos investigados por la justicia ordinaria.
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