CorteIDH examina caso de hostigamiento a defensores

EFE | LA PATRIA | SAN JOSÉ

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó ayer una audiencia de dos días acerca de la alegada persecución, hostigamiento y espionaje por parte del Estado colombiano del que habría sido víctima a lo largo de tres décadas el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), por su labor de defensa de los derechos humanos.

En el inicio de la audiencia, los jueces escucharon los testimonios de los expresidentes de CAJAR Alirio Uribe y Soraya Gutiérrez, mientras que para hoy están previstas exposiciones de peritos y los alegatos orales finales de las partes.

Uribe dijo que trabajó en diversos casos de violaciones a derechos humanos en Colombia y relató una serie de hechos de persecución y hostigamiento en su contra debido a sus labores en el colectivo.

Recordó que durante su mandato presidencial en Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010) "señaló a defensores de derechos humanos y al colectivo como una organización vocera del terrorismo" como parte de una campaña de desprestigio.

Además, comentó que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) creó un grupo de trabajo llamado G3 que tenía como objetivo "hacer inteligencia ilegal, inteligencia ofensiva y desprestigiar a los abogados del colectivo".

"Contrataron un apartamento frente a mi casa que se llamó 'punto fijo' donde hacían reportes diarios, manuscritos con fecha. Seguían a mis hijos al colegio y a las universidades, les tomaban fotos. Era aterradora la forma en que ellos hicieron ese seguimiento e inteligencia", manifestó Alirio Uribe.

El defensor de derechos humanos calificó como "inimaginable" el impacto que la persecución produjo en su familia, ya que sus hijos y su esposa "no tuvieron una vida normal".

El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Ralón, expuso ante la CorteIDH la presentación del caso y afirmó que Colombia es responsable por violaciones a los derechos a la integridad personal, a la vida privada, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión y de asociación, a la libre circulación, a la residencia y a los derechos de la niñez.

"La CIDH identificó que los hechos se dieron en un contexto ratificado por organismos internacionales y nacionales de inseguridad y riesgo para personas defensoras de los derechos humanos, así como de una falta de esclarecimiento e impunidad. Muchos actos fueron cometidos por agentes estatales incluyendo declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios", afirmó Ralón.

Después de que concluya hoy la audiencia, las partes tendrán 30 días para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CorteIDH podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.

Objetivo del CAJAR

La presidenta del CAJAR, Jomary Ortegón, expresó que el objetivo es que la Corte Interamericana dicte una sentencia contra el Estado para que realice una investigación efectiva de los hechos.

Además, pedirán a la CorteIDH que ordene a Colombia establecer protocolos efectivos de protección para los defensores de los derechos humanos, así como políticas públicas en ese sentido y llevar a cabo acciones para contrarrestar el desprestigio del que ha sido victima el CAJAR.