Comisión del Congreso citará al presidente de Perú para el próximo 7 de marzo

EFE | LA PATRIA | Lima

La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú citará al presidente Pedro Castillo para que el próximo 7 de marzo responda por la denuncia de que una empresaria lo ha vinculado con una presunta red de corrupción enquistada en el Ejecutivo.

"Vamos a citar al presidente para que deslinde responsabilidades. Una investigación en los fueros del Ministerio Público es privada. La diferencia es que en la comisión son de carácter público. Se trata del interés público", declaró este lunes el congresista fujimorista Henry Ventura, presidente de ese grupo de trabajo.

Ventura agregó que la comisión también citará a cinco legisladores del partido derechista Acción Popular (AP), que presuntamente también han sido vinculados con el caso.

El legislador dijo que tienen "muchas evidencias" sobre presuntos actos irregulares que se han presentado durante el Gobierno de Castillo, que comenzó el pasado 28 de julio, e incluyen visitas y reuniones de empresarios con altos funcionarios del Ejecutivo.

"Tenemos medios probatorios", sostuvo.

El sábado pasado, medios locales publicaron que la empresaria Karelim López, quien es señalada como una gestora de intereses con vínculos con las altas esferas de poder en los últimos años en Perú, comprometió al presidente en las actividades de una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo peruano.

Castillo rechazó "categóricamente" esas afirmaciones y dijo que "como presidente y como ciudadano" exige a la Fiscalía que "continúe con la investigación ya iniciada y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas, coherentes, con la justicia".

Tras conocerse la información, representantes de la oposición en el Congreso anunciaron que intentarán alcanzar un acuerdo para presentar una moción de vacancia (destitución) contra Castillo.

La presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, llamó a primera hora de este lunes a una reunión de la Junta de Portavoces y también convocó a una sesión de urgencia del pleno para las 6:00 p.m.

Por su parte, el abogado de López, César Nakazaki, afirmó que esta "nunca ha tenido una reunión" con Castillo, pero sí reconoció que ella mencionó "negocios privados" que podrían tener origen ilícito en una declaración que dio ante la Fiscalía.

Nakazaki dijo que la empresaria refirió que "hay varias líneas de negocios privados" que "tienen como centro" una casa en el distrito limeño de Breña en la que Castillo permaneció durante los primeros meses de su gestión, que comenzó el pasado 28 de julio.

El letrado añadió que, por ese motivo, López consideró que esas actividades "se realizaron con el beneplácito o con el aprovechamiento del presidente de la República".

"Ella lo que ha establecido en su declaración son los hechos que estoy mencionando, los titulares que han sacado no son los que aparecen en su declaración", enfatizó ante las publicaciones de medios locales que afirmaron desde el sábado pasado que López vinculó directamente a Castillo con el presunto caso de corrupción.

Nakazaki también confirmó que su defendida ha recibido "amenazas de muerte" desde que pidió al Ministerio Público que se acepte su "colaboración eficaz" (delación premiada) en la investigación que se le sigue por presuntos delitos de corrupción. 

Retiro del ministro

El presidente de Perú, Pedro Castillo, retiró este lunes de su gabinete al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, señalado por una aspirante a colaboradora eficaz de la fiscalía como el responsable de una presunta mafia corrupta en esa cartera.

Castillo le pidió la renuncia a Silva e informó que aceptaba su salida del cargo, horas después de que éste reafirmó su inocencia en rueda de prensa y que se mantenía en el puesto.

La renuncia de Silva desmontó el principal tema de agenda del pleno del Congreso, convocado para este lunes de urgencia, que era la votación de su censura por denuncias previas de corrupción en su contra.

Después de que el Ejecutivo publicó la resolución suprema que aceptó la renuncia de Silva, el Parlamento, presidido por la derechista María del Carmen Alva, decidió suspender el debate de su censura y pasó a otros temas de agenda.

En supuesta mafia

La urgencia del debate respondió a la denuncia de una aspirante a colaboradora eficaz de la fiscalía, Karelim López, de que el mandatario peruano estaba implicado en una mafia corrupta enquistada en el ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según los medios locales, López, una gestora de intereses con vínculos en las altas esferas del poder en el país, señaló que Silva estaba vinculado con ese caso, así como otros empresarios y políticos, entre ellos cinco congresistas del partido Acción Popular, quienes han rechazado de manera tajante esa afirmación.

Precisamente, los legisladores de Acción Popular habían adelantado que se abstendrían de votar en la censura planteada contra Silva y que se someterían a las investigaciones.

Congreso cita al mandatario

Con respecto al jefe de Estado, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar a Castillo para que el próximo 7 de marzo responda por la denuncia y "deslinde responsabilidades" del caso.

Sin embargo, legisladores de las bancadas derechistas de Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular insistieron en su apoyo a una moción de vacancia (destitución) de Castillo, que está reuniendo los votos requeridos para su debate.

Según la ley peruana, la presentación de una moción de este tipo necesita de la firma de 28 legisladores y luego requiere de otros 52 votos para ser admitida a debate, mientras que la eventual destitución de un mandatario se aprueba con 87 votos.

Castillo afirmó el sábado que las "especulaciones" de la prensa tienen como objetivo "atentar contra la democracia" y llamó a la comunidad internacional para activar la Carta Democrática Interamericana para hacer frente a "cualquier intento desestabilizador y de golpe" en el país.

Supuesta traición 

No obstante, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales también aprobó este lunes añadir otra investigación contra el gobernante peruano por el presunto delito de traición a la patria debido a sus declaraciones de dar una salida al mar a Bolivia.

La acusación contra Castillo responde a las declaraciones que ofreció en enero pasado al programa Conclusiones, del periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN en Español, en las que confirmó que en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú, declaró estar a favor de dar "mar para Bolivia".

"Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó sobre una eventual consulta popular para otorgar una salida al mar a Bolivia por territorio de Perú.

Sin embargo, ese cargo sólo puede ser atribuido al jefe de Estado en el caso de una guerra externa o cuando se realiza la entrega de secretos de Estado.

Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico en la Guerra del Pacífico y reclama a Chile una negociación para recuperar su soberanía marítima.