Colombia, en la mira de las farmacéuticas

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El plan de vacunación en Colombia podría estar "en riesgo", según indicó el presidente, Iván Duque, luego de que ayer se publicara por parte del Consejo de Estado los contratos firmados por el país con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca.

En un informe del Consejo de Estado al darle trámite a una tutela se detalla el valor de las vacunas de estos laboratorios para la adquisición por parte de Colombia de las dosis para inmunizar a su población.

Duque dijo que eso "puede poner en riesgo el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación, por eso estamos trabajando rápidamente con las farmacéuticas para evitar que esto afecte la circulación de más vacunas".

El presidente recalcó que la confidencialidad de los contratos con las compañías proveedoras no obedece a una "necedad o terquedad", sino a una cláusula expuesta por estas empresas para cerrar los negocios.

El Consejo de Estado aseguró que "se trató de un error involuntario y que adelantará las investigaciones correspondientes".

Colombia ya registra 30,6 millones de dosis administradas (17,3 millones de primera dosis y 10,7 de segunda dosis).--R2

Transparentar la información

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) indicó que lo que sucedió en Colombia con la filtración de los contratos entre el Gobierno y farmacéuticas para la compra de vacunas contra la covid-19 ya pasó en Europa a finales del 2020. "Una ministra de Bélgica publicó accidentalmente en su cuenta de Twitter los precios de las vacunas para la Unión Europea. ¿Qué pasó? Pfizer manifestó su inconformismo pero no dejaron de entregarles vacunas", informó Dejusticia.

Agregó que en el mundo ya se han conocido más de 100 contratos de vacunas anticovid, ya sea por filtraciones, órdenes judiciales, derechos de petición o decisión de los gobiernos. En todos estos países han seguido vacunando: "Insistimos en la importancia de transparentar la información pública, y estos contratos no son la excepción y rechazamos los reclamos de funcionarios del Gobierno nacional contra quienes han difundido esta información".

Dejusticia añadió que es importante que exista un fallo judicial que ordene transparentar esta información. "Ya el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo hizo y esperamos que ratifique su decisión. Esto crearía un buen precedente para garantizar el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública".